Por: Diego García-Sayan
El fenómeno de la polarización es global. La describe bien el Índice de la Democracia, informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist publicado la semana pasada. Una “Calamidad grande” que aflige a los pueblos, como define el diccionario a una plaga.
No estamos solos: la extendida polarización es global, no solo peruana, aunque eso no debería servirnos de consuelo. Se expresa en incertidumbre global sobre lo que puede ocurrir a cualquiera en lo económico, lo social o la seguridad.
En el caso de América Latina, según la mayoría de análisis, tenemos por delante a una versión agravada de polarización. El índice de riesgo político latinoamericano elaborado en el 2023 por el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC) de la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, concluye que “los ‘tiempos nublados’ continuarán en la región” y en el “retroceso de democracias asediadas por el populismo, la polarización y propuestas autoritarias; riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas”. No es poca cosa.
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Tanto ese análisis como muchos otros —los del Diálogo Interamericano, por ejemplo— coinciden en previsiones pesimistas en las que destacan cuatro asuntos: 1) presencia fortalecida de populistas de extrema derecha o de extrema izquierda, polarizando la política y vaciando el centro político; 2) freno del crecimiento económico; por debajo del 2%; 3) aumento de la inflación y de la pobreza, en región aún jaqueada por el impacto de la pandemia; 4) la realidad —o la percepción— del fortalecimiento y crecimiento impune de la criminalidad organizada.
Todo lo anterior adquiere en el Perú dimensiones aumentadas particularmente relevantes. En nuestro contexto dramático de polarización creciente, todo apunta a que no habrá elecciones generales adelantadas, dada la tozudez de uno de los congresos más impresentables de la historia política peruana. La infernal vorágine de confrontación existente no apunta a atenuarse, de manera que puede preverse que asuntos como los cuatro antes mencionados golpearán al Perú de manera acentuada.
La polarización nuestra, sin embargo, no solo se presenta agravada, sino con características sui generis, casi surrealistas. Una de ellas es la evidencia de una polarización social y en la protesta que emerge del Perú de los más pobres y excluidos. Simultáneamente, sin embargo, cuando se observa el escenario de la política oficial hay un curioso escenario: coincidencias sustantivas entre extremos que en teoría deberían estar enfrentados pero que se hermanan por intereses muy privados y particulares.
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Así como los extremos en el desprestigiado Congreso han coincidido en privilegiar la quincena sobre la historia, cerrando el paso al adelanto electoral, el país ha sido testigo de los varios asuntos de fondo —fuera de las billeteras de congresistas— en los que los extremos marchan agarrados de la mano.
Además de patear para nunca jamás cualquier posibilidad de adelanto electoral, hay varios espacios de esta articulación política que podrían sonar contra natura.
Recuerdo tres: guerra a muerte contra la Sunedu en sabotaje artero al mejoramiento de la calidad del sistema universitario, para defender intereses particulares; la guerra a muerte contra los derechos de la mujer y el enfoque de género como parte esencial de las políticas públicas de un Estado democrático; la guerra frontal contra los derechos humanos trabando, por ejemplo, el matrimonio igualitario hoy reconocido como derecho para la mayoría abrumadora de la población latinoamericana. En asuntos fundamentales como estos —y hay otros— se borran totalmente las diferencias entre polos supuestamente enfrentados.
Desde polos o actores políticos como esos cabe esperar poco para que en este 2023 que empieza no se presente en el Perú de manera exponencial las tendencias preocupantes que los analistas prevén para la región.
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Solo hay la opción de construir rutas de consenso y diálogo, esenciales para salir de este atolladero. No vendrán, ostensiblemente, de esos actores políticos, sino de otros espacios como las iglesias, de los recién inaugurados presidentes regionales o de la sociedad civil organizada.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.