Más leña al fuego: vigorizando la crisis

La inestabilidad política en el Perú es aguda y sostenida. Entre otras, tiene dos características. La primera es que impacta en el desempeño económico del país. Desde el 2017, cuando ya se había iniciado la inestabilidad política aguda que nos acompaña hasta hoy, la economía nacional crece cerca de 2% por año, nivel insuficiente, previo a la crisis COVID-19. La segunda: incesante crisis política destaca hasta en nuestra tradicionalmente convulsionada América Latina. Cuando visito algún país de la región suelo ser abordado con preguntas como ¿por qué tienen en el Perú esa manía de tumbarse presidentes?

Es una pregunta que se cae de madura, pues en los últimos cinco años, el Perú ha tenido cinco presidentes. Es difícil responder a esa pregunta. Uno de tantos elementos es la ilegítima obsesión extremista de querer tumbarse a un presidente incluso antes de que asuma sus funciones. Si se combina ese extremismo con los errores, muchas veces graves, cometidos desde el ejercicio gubernamental, el resultado es un barril explosivo sobre el que la sociedad peruana se encuentra sentada.

Es bueno, por supuesto, que haya atención prioritaria de la justicia y de los medios de comunicación sobre cualquier indicio de corrupción en el Ejecutivo. Están en la obligación de hacerlo pues el asunto es de gran importancia. Me tocó desempeñar funciones activas con el presidente Paniagua, y la dinámica anticorrupción se mostró crucial en la reinstitucionalización del país y en su reconstrucción democrática impulsada por ese gobierno de transición.

Ya he señalado antes, a propósito de la decisión en mayo del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de que es correcto y constitucional que se pueda investigar al presidente de la República. Es positivo que esa aproximación no haya variado. Sin embargo, el contenido de la reciente denuncia de la fiscal de la nación contra el presidente Castillo abre varias ramificaciones políticas y jurídicas.

La principal es la pretensión de saltarse con garrocha el artículo 117 de la Constitución, que establece las únicas causales por las que un presidente en funciones puede ser acusado. Se hace una interpretación peculiar del derecho internacional y de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para no aplicar la Constitución. Mucho cuidado con eso, es muy claro el texto de la Convención y no da lugar a pasar por alto la Constitución. Si lo permitiría difícilmente sería uno de los tratados contemporáneos con más estados parte.

Remite la Convención siempre –reitero: siempre– al derecho nacional. Tal como está. Así, las medidas que adopte el Estado deben ser “de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales” (30.2) y “de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa” (30.2).

Asimismo, que el Estado “considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos por los que un funcionario acusado –no dice investigado– pueda ser destituido” (30.6) y que, ante faltas graves, “y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico” el Estado “considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas –no dice investigadas– por delitos tipificados” (30.7) (subrayados añadidos).

Todos los hechos de posible corrupción deben ser investigados en serio, aún si involucran al presidente de la República. Pero si se atropella la legalidad, se horadaría, más de lo que ya está, la institucionalidad democrática, borrando con una mano lo que se pretendería escribir con la otra.

Es urgente procesar las tensiones y confrontaciones políticas. Pero no con “más de lo mismo” ni atropellando la legalidad, sino utilizando herramientas políticas y abriendo camino a espacios de diálogo con apoyo internacional como las que se pusieron en marcha el 2000, que permitieron una transición democrática ordenada. Solo así podemos empezar a superar la insostenible inestabilidad política que agobia al país.