Propósito encontrado

Esta semana el Gobierno de Pedro Castillo ha tocado un nuevo fondo. Lo que comenzó con las diligencias fiscales que llevaron a la prisión preliminar de José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, de Hugo y Angie Espino y, aunque con dilaciones, de Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo criada como hija por la pareja presidencial, terminó convirtiéndose en la sexta investigación fiscal contra el presidente (de paso alcanzó a Geiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones).

A estas alturas, las denuncias por corrupción son tantas, respaldadas por tantos indicios (pericias contables, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, desbalances patrimoniales, videos y audios inculpatorios, además de las versiones de los colaboradores eficaces), que solo alguien extraordinariamente ingenuo o muy convenido se animaría a proclamar su inocencia. La sensación que va quedando es que, para Perú Libre y sus allegados, el problema no era la corrupción, sino que beneficiaba a otros.

Curiosamente, las investigaciones por corrupción han puesto al Gobierno al borde de la desintegración, pero también han acortado la agenda del presidente, permitiéndole enfocarse en un tema concreto: su supervivencia. Aunque atropellándose, cometiendo errores de bulto, reiterando su absoluta falta de pericia y la orfandad de su entorno, por primera vez Castillo da la impresión de saber para qué está en el cargo.

Si las formalidades, obligaciones, responsabilidades y limitaciones propias de la presidencia lo venían desbordando desde el día de su instalación, ahora que todo se limita a ganar un día más en Palacio de Gobierno para evitar la prisión, seguir maniobrando en contra de las investigaciones e intentar salvar al entorno familiar y de confianza, la vida del presidente se ha simplificado extraordinariamente.

Ya no hay que gestionar un país, trabajo complejo que requiere preparación y un mínimo entendimiento de las cosas. Basta emplear al Gobierno en pleno para conspirar contra la Fiscalía y el equipo especial de la Policía, mientras se repite el discurso de la victimización, sin responder a una sola de las acusaciones que dan lugar a las investigaciones de la Fiscalía.

Por supuesto, además de perniciosa, esta no es más que una situación pasajera. Obcecados en su defensa, Castillo y sus ministros han olvidado por completo la gestión pública y cualquier esfuerzo para mejorar la vida de los peruanos ha pasado a ser la última prioridad. Ahora mismo importa más atacar a los “enemigos”, organizar demostraciones de fuerza y seguir alimentando una narrativa patética y vacía, que evita responder a las acusaciones. Llegados a este punto, cuesta imaginar a un gobierno que, mientras dure, haga algo más que defenderse.