Racismo y clasismo

“Indio de m...” es como María del Carmen Alva llama a uno de sus correligionarios, según denuncia el congresista Darwin Espinoza. Al parecer, cargada de odio y profunda frustración por no haber logrado hacerse de manera oficial de la banda presidencial –más allá del bochornoso episodio con el que inauguró su mandato al impedir el ingreso de Francisco Sagasti al cambio de mando presidencial–, estalla iracunda contra quienes no considera sus iguales.

He ahí el principal problema de la señora Alva, el profundo clasismo y racismo que la caracterizan y que no logra ocultar. No olvidemos su discurso en Piura, señalando que su Congreso gobierna para “blancos e indios”, como si no hubiesen pasado más de 500 años desde la colonia; su reacción ante la alcaldesa de Ocaña a quien silenció diciéndole “me cambia el tono” ya que “usted está en mi casa”, que sonó a usted está en mi chacra, con un acento gamonal digno de 1968, previo a la reforma agraria.

Ayer, tras ordenar a un miembro de su bancada que dejara de conversar con la congresista Isabel Cortez, orden que no fue cumplida, perdió la poca compostura que le quedaba y la agredió físicamente. Las imágenes son muy ilustrativas. La mirada de Alva y la transformación de su rostro, junto a la manera en la que coge del brazo a la congresista, revelan el desprecio que le tiene y la desesperación que siente al ver que se revelan a su mando.

Sí, la señora cree que tiene mando sobre otros congresistas, en su cabeza ella está investida de algún tipo de autoridad que la legitima a ejercer violencia, incluso física. Hacen bien la congresista Cortez y su bancada en presentar una denuncia contra Alva en la Comisión de Ética. La pregunta es si, ¿se atreverán a sancionarla? Debieran hacerlo.

Este tipo de comportamientos abonan a deteriorar aún más la legitimidad del Congreso, visto por la población como la institución más corrupta del país, alejada de las necesidades de la ciudadanía y servil a los intereses subalternos de congresistas, bancadas y poderes fácticos. Se ha vuelto el principal salvavidas de Pedro Castillo, quien no para de debilitar su propio gobierno con designaciones ministeriales dignas del fujimorismo, como la del nuevo canciller o el grosero enroque de Alvarado al Ministerio de Transporte.

Castillo pretende hacer uso de las organizaciones sociales para intentar evadir responder por graves acusaciones de corrupción. Claro que hay una derecha golpista que desde el día uno quiso destituir al presidente, pero no es excusa para decisiones de gobierno basadas en el cuoteo y la prebenda antes que asegurar servicios básicos, universales y de calidad.

En medio de este deterioro institucional, la ciudadanía no puede permitir bajo ningún concepto que, además, clasismo y racismo se instalen como norma.