La caída del presidente Castillo, por César Azabache

Castillo está cayendo, aunque él mismo no lo note. Cae lentamente. Contra él se registran ahora más cargos y sospechas que las que determinaron la salida de Kuczynski y de Vizcarra del gobierno. Castillo es el primer presidente de nuestra historia al que investiga la Fiscalía de la Nación mientras ejerce el cargo. Sin embargo, Castillo cae a una velocidad distinta a sus predecesores, incluida la absurda brevedad de Merino. Cae a una velocidad impuesta por la inercia; cae frente a un Congreso que hasta ahora ha parecido estar mas interesado en servir a redes de influencia que en buscar una salida consistente a la crisis.

Sin un procedimiento que conduzca al adelanto de las elecciones generales y sin alguna reforma constitucional que haga más equilibrados los procedimientos de destitución presidencial, el espacio que podría producir un cambio de velocidad en la caída de Castillo proviene de las investigaciones del Ministerio Público. Imposible pasar por alto el giro copernicano que ha representado entre nosotros pasar de un sistema que protegió enérgicamente las inmunidades del presidente a uno que admite sin mayor discusión que se le investigue como posible responsable de cualquier delito mientras ejerce el cargo. La opción no había sido admitida como posible en los casi 30 años que tiene la Constitución. Ahora se le reconoce uniformemente como válida.

El cambio representa bastante bien las consecuencias institucionales que ha tenido entre nosotros notar, a partir de los casos Odebrecht, que la presidencia puede también ser usada como plataforma para desplegar extensas redes de corrupción.

Además de Sarratea y los eventos que parecen haberse organizado desde allí, es probable que Castillo tenga que responder por las inexplicables fugas de Silva, Pacheco y Vásquez, su sobrino. Dependerá de lo que encuentre la fiscalía. Pero desde esta semana la lista de asuntos colaterales por los que podría tener que responder incluye el complejo secuestro de los periodistas que investigaban en Chadín a Yenifer Paredes, la hermana de su esposa.

He leído comentarios que pretenden describir el evento como un incidente vinculado a la jurisdicción de las rondas. Pero los periodistas no fueron intervenidos por ingresar a la zona sin autorización ni fueron castigados por alguna infracción a las reglas comunales. Fueron forzados a grabar una disculpa pública dirigida a la señora Paredes, a quien la fiscalía investiga para establecer si ha traficado con sus influencias.

Forzar a los autores de un reportaje periodístico a retractarse no parece un asunto propio de las rondas. Menos si se produce delante de un alcalde, una autoridad estatal que no puede reclamar para sí mismo ninguna inmunidad cultural, y que además parece estar relacionado al esquema de posibles influencias que está siendo investigado.

La presencia del alcalde y el sentido de la intervención, una nueva interferencia, justifican establecer si el secuestro fue o no consultado con alguien en palacio. Porque si esto ocurrió, entonces la historia puede adoptar otro cariz. Dos interferencias confirmadas abrirían las puertas al debate sobre la suspensión judicial del presidente.

La suspensión judicial del presidente no estaba en la agenda de los autores de la Constitución de 1993. Pero tampoco estaba en su agenda investigar a un presidente en ejercicio. Y cuando se admite una investigación como justificada, protegerla se convierte en una necesidad institucional.

Suspender al presidente por orden judicial. Pero solo en base a lo que encuentre la fiscalía.

La caída de Castillo, es cierto, demora. Pero como toda demora, el retraso puede terminar multiplicando la brutalidad del impacto final que ella produzca.