Lecciones del 2020 para el 2021
“Necesitamos un nuevo relato que ponga el interés público por sobre el privado, sin dejar de reconocer la relevancia de la iniciativa individual y empresarial en el desarrollo de los países”.
1. Nuestra crisis de confianza no es nueva, pero se ha agudizado conforme se han ido desarrollando los casos Odebrecht, Club de la Construcción, Cuellos Blancos y Los Gánsters de la Política, y conforme nuestra clase política nos sigue demostrando que siempre puede ser peor. Las encuestas de intención de voto pueden ser reflejo de la desconfianza en todo(s). Ese será el principal problema no solo de la elección, sino también del próximo gobierno, cualquiera sea elegido.
2. El “sistema” político no es el único ámbito de nuestra crisis de confianza. Radica también en: (i) un Estado incapaz de prestar servicios esenciales; (ii) un Estado capturado por intereses privados sobre los públicos; y/o (iii) un Estado capturado por mafias público-privadas.
Con candidatos presidenciales que creen que la solución es solo cuestión de voluntad, cambios legales, constitucionales o de perfeccionamiento del “modelo”, en el mejor escenario podemos aspirar a mejoras en ciertos ámbitos de las políticas públicas.
En principio, ello no será suficiente para avanzar hacia un Estado con la capacidad de velar por las necesidades e intereses de las mayorías, ni para recuperar parte de la confianza de la población.
Aunque Vizcarra demostró que aún es posible engatusar a la mayoría, en democracia esas son jugadas de corta duración, que funcionan porque junto con la crisis de confianza, sigue la necesidad de creer en alguien.
3. Para avanzar hacia un Estado que, al menos, pueda garantizar el acceso a servicios públicos esenciales para sus ciudadanos (justicia, educación, salud, agua, alimentación, seguridad) es necesario replantear su estructura y funcionamiento a partir de las realidades territoriales específicas. Ello no será posible mientras se siga intentando buscar y diseñar soluciones desde Lima y a partir de lo que hoy existe.
4. Liberar al Estado de intereses particulares y de las mafias será un proceso largo, y por ello necesita ser un esfuerzo sostenido. La reforma del sistema de justicia sigue siendo prioritaria.
5. La crisis del COVID-19 puso nuevamente sobre la mesa la gravedad del problema de la informalidad. Existe consenso sobre lo que debe ser una de nuestras prioridades, mas no sobre cómo abordarlo. Mientras su abordaje se siga reduciendo a costos laborales y tramitología, no habrá solución. Volver al origen del problema puede ayudarnos. Mientras el Estado no logre cumplir con sus roles esenciales (punto 2), no existirá el incentivo para querer ser parte de él.
6. La pandemia también puso en evidencia el despropósito del discurso de la derecha de los últimos 30 años, el cual intentó contraponer libre mercado, inversión privada y crecimiento del PBI, a la existencia de un Estado fuerte, al desarrollo social y a la reducción de la desigualdad.
Mientras las tres primeras variables sigan siendo consideradas como fines en sí mismas y no como herramientas para aumentar el bienestar de la sociedad, el país seguirá explosionando por partes.
La inversión privada, el crecimiento económico y la generación de riqueza pueden ser herramientas fundamentales para el desarrollo cuando no se convierten en un obstáculo o incluso en un arma contra el bienestar común.
Necesitamos un nuevo relato que ponga el interés público por sobre el privado, sin dejar de reconocer la relevancia de la iniciativa individual y empresarial en el desarrollo de los países.
