Expropiación constitucional
El Tribunal Constitucional les quitaría a los peruanos 9 mil 256 millones de soles.
Con el sigilo de una operación encubierta, el Tribunal Constitucional se apresta a debatir, y quizás aprobar, un proyecto de sentencia que de modo inmediato borrará las deudas de grandes empresas por 9 mil 256 millones de soles.
La trama de la que ha dado cuenta este diario posee todos los atributos de una operación tramposa, donde los interesados existen pero no dan la cara, los recursos tienen visos de legalidad y el resultado está a punto de ser aprobado por personajes honorables que, si eso sucede, podrían argüir que “todo ha sido realizado regularmente”.
La demanda que puede concretar un saqueo descarado a los peruanos no es fantasmal, pero sí misteriosa. Se inicia en febrero del 2019 cuando alguien que dijo ser decano del Colegio de Abogados de La Libertad presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del D. Legislativo Nº 1421. El demandante quizás cometió un error al agregar como domicilio procesal la dirección de un conocido estudio de abogados especializados en derecho tributario. Formalizada la demanda, dos abogados de ese estudio recibieron del demandante facultades generales de representación. Ellos han señalado que su concurso en esta millonaria operación es ad honorem, probablemente por el cariño que sienten por los asuntos tributarios.
¿Cómo una demanda millonaria y misteriosa, sin abogados litigando a rostro limpio y a plena luz del día ha merecido la diligente preocupación del TC? La pregunta debería ser respondida por el magistrado de ese organismo Ernesto Blume Fortini, ponente del expediente.
Es obvio que el hecho de que este magistrado haya sido abogado de algunas de las 158 empresas que se beneficiarán de esta sentencia no se relaciona con que su proyecto de resolución declare que el citado decreto legislativo vulnera la seguridad jurídica.
Las empresas deudoras tampoco han informado por qué si consideran que les asiste un derecho han permanecido en silencio mientras una demanda oscura y sin rostro repta hasta el más alto tribunal peruano que interpreta la Constitución. Hasta el silencio del MEF y de la SUNAT ante el riesgo de la pérdida de 9 mil 256 millones de soles, el valor de unos 100 hospitales o de tres entregas de bonos para las familias vulnerables en la pandemia, es extraño.
