Sin medida

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el proceso de vacancia aprobado por el Congreso contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, aunque ha rechazado la medida cautelar para que paralice el acto de comparecencia programado para hoy.

Según fuentes a las que accedió este diario, la medida cautelar fue rechazada con cinco votos contra dos. El argumento, explicado por la presidenta del TC, Marianella Ledesma, señala que no existe la urgencia que reclamaba el Ejecutivo para detener la moción porque no hay suficientes votos para vacar al presidente, pues varios líderes políticos notificaron que sus bancadas no apoyarán el procedimiento de destitución. De acuerdo con Ledesma, habría que confiar en el principio de buena fe y la disciplina partidaria.

El razonamiento del TC resulta extraño y a la vez contradictorio. Acepta el trámite de la demanda de competencia porque, se supone, existe la posibilidad de que el Congreso realice una aplicación arbitraria de la disposición constitucional al adjudicar al presidente una supuesta incapacidad moral. De hecho, la mitad de legisladores ha votado bajo esa consideración para iniciar la vacancia, de modo que no se entiende cómo se tome en cuenta el riesgo para admitir la demanda, que es el asunto de fondo, y no para la incidencia.

En principio, no es inusual que el TC realice una interpretación política de los asuntos constitucionales debido a su condición de organismo no solo jurídico, sino de competencia política. Sin embargo, esta interpretación debe ser realista y no atenerse a la teoría. Por ejemplo, es ingenuo creer que si un líder ha señalado que no se sumará al operativo de la vacancia, su partido en el Congreso lo seguirá disciplinadamente, una consideración que no se aplica a bancadas de partidos divididos, como AP u otros con legisladores invitados.

En cualquier caso, el TC ha perdido la oportunidad de cerrar una grave crisis. Se espera que las partes actúen con corrección democrática; el Congreso llevando a cabo una diligencia que respete procesos e investiduras, y el Ejecutivo brindando explicaciones, varias de las cuales deben ser ampliadas y precisadas.