Reparar los daños

Conocidos los nuevos hechos que revelan que con el nombre de la vacancia algunas bancadas y legisladores pretendían concretar un golpe parlamentario contra el presidente Martín Vizcarra, el operativo se ha desinflado y sus autores puestos en evidencia. Sin embargo, la crisis sigue latente por los plazos establecidos y porque no todos los complotados han dejado las armas.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha reconocido que llamó a, por lo menos, dos jefes militares. Su risible explicación −que los llamó para brindarles tranquilidad− reitera su responsabilidad en el golpe fallido. Por esa razón, varias voces señalan que debe ser retirado del cargo porque su permanencia al frente del Legislativo no se condice con la necesidad de que este cuerpo recupere su compromiso con el Estado de derecho.

La agenda del Congreso es incompatible con la presencia de Merino en el cargo. Para confirmar que personalmente dirige las operaciones turbulentas, se apresta a batallar ante el Tribunal Constitucional (TC) defendiendo la legalidad del golpe. Para ello, ha contratado a tres abogados con recursos públicos.

Dos de las bancadas conjuradas, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos, han retrocedido con un trámite bochornoso, aunque no en la medida de lo necesario. En el primer caso, APP, el líder del partido ha tenido que pedirle a su bancada cordura y responsabilidad; y en el segundo, el líder de la bancada ha explicado que no votó por la vacancia, sino por la investigación.

En ese nuevo contexto, la salida de Merino de la presidencia del Legislativo es una condición de un juego político distinto. Si eso no sucede, un sedicioso seguirá actuando y hablando a nombre de los 130 legisladores, y el país no podrá abocarse a los otros puntos de una agenda crítica que reclama atención urgente.

Por otro lado, el Congreso debe decidir dejar sin efecto la moción de vacancia que enmascara el intento golpista. Hacerlo será la prueba del cambio en las bancadas y legisladores respecto de su anterior voto. Además, debe darse curso a la investigación de los hechos en los plazos y formas establecidos por el Reglamento del Congreso. Lamentablemente, la Junta de Portavoces −bajo la dirección de Merino− rechazó la creación de una comisión especial que investigue los audios difundidos.

El Parlamento está obligado a resarcir los daños causados y a cerrar el horroroso ciclo de tensión y destrucción institucional que ha impulsado en los últimos días. Debe mirar la tremenda viga incrustada en sus filas.