ENTREVISTA | Las medidas de Javier Milei y su impacto en las organizaciones sociales argentinas

Argentina pasa por un convulsionado periodo social. A dos meses de la toma del poder de Javier Milei, la situación parece acrecentarse. La devaluación de la moneda, la inflación, el desempleo, la pobreza y demás males que azotan al país y que persisten desde gobiernos anteriores todavía no tienen una pronta solución.

Como casi siempre pasa cuando una crisis golpea un país, el sector de la población que más se ve gravemente afectado es el de los que menos tienen. Además, teniendo en cuenta que una de las bases del discurso que utilizaba el presidente argentino desde que estuvo en campaña era aminorar el gasto público, cabe señalar que ello puede tener consecuencias inmediatas sobre las personas que encuentran en organizaciones sociales, como comedores o planes sociales, contenciones que les permiten sobrevivir al día a día.

Julieta Goldsman, dirigenta social de Buenos Aires, que pertenece a la organización Movimiento Popular la Dignidad y que estudió Ciencias de la Educación en la UBA, habló con La República para dar su punto de vista sobre cómo afectaría este nuevo gobierno a las organizaciones sociales de la Argentina.

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—¿Qué medidas implantó Javier Milei que perjudicaron en sus dos meses de gobierno?

—Hay tres cosas que hizo Milei desde que llegó al Gobierno. Lo primero fue un paquete de medidas económicas que fue lo que a nosotros nos golpeó y nos golpea más duro en la (vida) cotidiana porque se devaluó la moneda en un 120%. (...) Nuestro sueldo pasó a valer la mitad cuando se devaluó de esa manera. Aparte de los tarifazos en energía, en gas y en transporte, les están quitando los subsidios a todas esas áreas; entonces, ahora tenemos 200% de aumento de luz, 150% de gas y 250% de transporte. Dentro de todo ese paquete de medidas, congelaron algunos programas sociales, sobre todo los vinculados a los comedores comunitarios y las tareas sociocomunitarias. Congelaron esos ingresos muy pequeños, que son menos de 80 dólares mensuales.

El paquete de medidas económicas fue uno; después, el DNU, un decreto de necesidad de urgencia que derogó 300 leyes en Argentina de las cuales podemos hablar de algunas, pero las más importantes tienen que ver con derechos laborales, con la soberanía Argentina, porque se mete con los glaciares argentinos, se mete con el agua, se mete con la posibilidad de extranjeros de comprar tierras, de comprar grandes extensiones de tierra en la Argentina y extensiones donde hay recursos, y la ley ómnibus viene a fortalecer todo esto. Lo más grave de la ley ómnibus.

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—¿Qué es la ley ómnibus?

—Si bien tiene muchas partes graves, (lo más grave) es la delegación de facultades al presidente. Bueno, nosotros vivimos en una república y tenemos una división de poderes. El presidente quiere arrogarse el poder de legislar sin pasar por el Congreso, es decir, él decidir qué leyes pasan y qué leyes no, lógicamente, porque tiene mucha debilidad y en el Congreso no tiene muchas posibilidades de aprobar sus medidas. Entonces, la ley ómnibus tiene todo un capítulo laboral que quita derechos a quienes tienen derechos laborales, sobre todo, lo que tiene que ver con el derecho a huelga, las indemnizaciones, la obligatoriedad de los patrones a indemnizar a sus trabajadores si los despiden, la ampliación del periodo de prueba. Nosotros tenemos un periodo de prueba de tres meses; entonces, el empleador te puede probar durante tres meses y no contratarte, bueno, eso pasa a ser ocho meses. Entonces, por ocho meses no sabes si vas a tener trabajo o no, no tenés condiciones laborales, no tienes vacaciones, no tenés aguinaldo, no tenés jubilación, obra social y a nosotros específicamente lo que más nos afecta son las medidas económicas y las medidas que está tomando el Ministerio de Capital Humano que, como nosotros estamos muy atados al Fondo Monetario Internacional, nos impone gran parte de la política desde que Macri firmó un acuerdo nuevo en el fondo por 45.000 millones de dólares. Nuestra política está atada a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El fondo pide un recorte fiscal muy grande y ese recorte se va dando en las áreas donde estamos los que menos tenemos: los comedores comunitarios, por ejemplo.

—¿Cómo se verán afectados los comedores populares de Argentina?

—Los programas sociales en Argentina arrancan. Quizás había algunos antes, pero se intensifican en el 2001, después de la mayor crisis económica en Argentina. (...) Entonces, había mucho desempleo, la gente no tenía para comer y salió a cortar las rutas, salió a manifestarse y a quejarse. Entonces, desde ahí surgen los bolsones de comida, los primeros programas sociales, que del 2001 acá se fueron aumentando cada vez más. Hoy en día, hay un 1.500.000 argentinos que tienen programas sociales. De todas formas, el porcentaje del PBI que se destina a esos programas es bastante pequeño: es de un 0,5%. La comida la recibe mucha más gente. Los cálculos son inexactos porque hay un registro de comedores. El ReNaCom es el Registro Nacional de Comedores Comunitarios, que tiene registrados 35.000 comedores comunitarios. Yo creo que puede llegar a haber el doble de todos los que nunca llegaron a registrar, de los que son autogestionados, de los que se manejan por su cuenta. Son más de 100.000 cocineras comunitarias que no están registradas. Más allá de los 35.000 comedores, hay más de 100.000 cocineras comunitarias que no están registradas en ningún registro oficial del Gobierno.

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—¿Por qué cierto sector de Argentina ve con malos ojos los planes sociales?

—Hay un desconocimiento muy profundo de cómo funcionan esos espacios y al mismo tiempo hay toda una campaña mediática también por estigmatizar y desprestigiar a quienes realizan esas labores sociocomunitarias. Con todo lo que pasa en los medios, es lógico que mucha gente piense (mal) porque hay un gran desconocimiento. Una persona que nunca se acercó a un comedor comunitario y no vio cómo funciona y cuánta gente se beneficia lo ve desde lejos y no termina de entender la dinámica. Eso por un lado y por otro lado. Me parece que hay un error de números. Para la asistencia social de algunos de los programas sociales, se utiliza el 0,5% del PBI, pero para los subsidios del sector privado son el 2,5%, o sea, son cinco veces más los subsidios del Estado al sector privado. ¡Es cinco veces más lo que se pone para el sector privado que lo que se pone para argentinos que no llegan a cubrir sus necesidades básicas como es la alimentación! Yo entiendo de alguna manera la bronca de muchos porque todos la estamos pasando mal y yo creo que la asistencia le tiene que llegar a todo el mundo por igual. Me parece que también hay un poco de eso de “¿Por qué a ellos les llega esta asistencia y a mí no?”, pero ahí me parece que el mayor error son las políticas de Estado. Personalmente, yo creo que la solución a esto es generar puestos de trabajo genuinos, por los cuales las personas no tengan la necesidad de tener un programa social y no tengan la necesidad de ir a un comedor comunitario. (...) Yo creo que también falta mostrar la otra cara de para qué sirven los programas sociales y para qué lo utilizan muchísimos que son beneficiarios de alguna manera y que retribuyen de esa manera: haciendo un bien a la sociedad, que está muy complicada en muchos aspectos.

—¿Cuál es el índice de pobreza actualmente en Argentina?

—Hace una semana, más o menos, salió una nota en la que el Fondo Monetario decía que el Gobierno había admitido que ya estábamos por encima del 50%. Hoy el salario mínimo es 156.000 pesos, que son más o menos 100 dólares. Ahora se tiene que reunir el Consejo del Salario y tiene que elevar el salario mínimo vital y móvil, pero también el salario mínimo solo aplica para quienes están trabajando en blanco; entonces, ahí hay un 40-45% de trabajadores informales en Argentina que no tienen paritaria, no tiene la posibilidad de discutir o pelear por una suba (subida) acorde "a la inflación".

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—¿Por qué hay una parte de la población en contra de las protestas en las calles?

—Yo no soy una constitucionalista, pero entran en coalición varios derechos: el derecho a las personas de tener un trabajo digno y poder alimentarse y poder reclamar, chocan con el derecho de otros a la libre circulación. Sí, eso es verdad. Ahora el responsable de garantizar esos derechos es el Estado; entonces, yo creo que también hay una estrategia de hacernos pelear entre nosotros “porque vos cortás la calle”, “porque vos estás en contra de que yo corte la calle”. Cuando en realidad, el problema y quien tiene que resolver todos esos problemas es el Estado. Entonces, la pelea no es entre quienes cortan y quienes no cortan, sino con los responsables de que haya gente que no puede comer en el país cuando somos un país que tenemos todas las posibilidades de alimentar a nuestra población, porque producimos alimentos para millones y millones de personas. Diez veces la Argentina podríamos alimentar con todo lo que producimos y, sin embargo, hay 50% de pobreza y el trabajo es cada vez más precario.