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Denuncian nuevo bloqueo del régimen de Nicolás Maduro contra el periódico El Nacional

De acuerdo con la defensa de El Nacional, el gobierno de Maduro impide al medio realizar trámites en el registro público. Esta acción se suma al bloqueo que mantiene contra el portal web del periódico desde hace 6 años, limitando sus operaciones legales y constitucionales.

El Nacional se enfrenta a la constante persecución del régimen de Nicolás Maduro, iniciada en 2015. Foto: composición LR/AFP
El Nacional se enfrenta a la constante persecución del régimen de Nicolás Maduro, iniciada en 2015. Foto: composición LR/AFP

El abogado del periódico venezolano El Nacional, Juan Garantón, informó sobre un nuevo bloqueo impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro que impide al medio realizar cualquier tipo de trámite en el registro público. Según Garantón, ni Miguel Henrique Otero, presidente y director del periódico, ni la entidad jurídica El Nacional pueden llevar a cabo operaciones legales, tales como ventas o traspasos, calificando la medida como una "nueva arbitrariedad" del régimen.

Esta acción se suma al bloqueo que el gobierno mantiene contra el portal web del periódico desde hace al menos seis años. "El régimen no solo ha bloqueado y censurado a El Nacional. Existe un doble castigo, ya que además se ha bloqueado el acceso a las notarías y registros. El Nacional tiene prohibido realizar cualquier trámite, sin ninguna justificación", afirmó Otero a dicho medio.

Desde El Nacional señalan se mantienen medidas arbitrarias durante casi una década contra el periódico. Foto: AFP

Desde El Nacional señalan se mantienen medidas arbitrarias durante casi una década contra el periódico. Foto: AFP

Denuncias de bloqueo y censura a El Nacional

Garantón ha señalado que estas restricciones no tienen fundamento legal y representan una clara arbitrariedad del gobierno de Nicolás Maduro. "Ni a Miguel Henrique Otero como persona natural ni a El Nacional como persona jurídica se les permite hacer ningún tipo de operación ante el Registro Público", indicó Garantón, añadiendo que esta medida no tiene ninguna base jurídica que la justifique.

"Estamos enfrentando un doble castigo: la censura en línea y la imposibilidad de realizar trámites legales básicos", denunció por su parte Otero.

Embargo realizado contra la sede de El Nacional. Foto: Kenny Linares/El Nacional

Embargo realizado contra la sede de El Nacional. Foto: Kenny Linares/El Nacional

Restricciones al registro público

Según Garantón, las medidas impuestas por el gobierno de Maduro han bloqueado cualquier posibilidad de que El Nacional realice operaciones registrales y notariales.

Estas restricciones afectan gravemente la capacidad operativa del periódico, limitando sus derechos constitucionales a la propiedad y a la libre disposición de sus bienes. 'Se le está vulnerando el derecho a disponer de sus bienes, que forma parte del derecho de propiedad, y se le elimina la oportunidad de hacer con su dinero lo que considere adecuado', explicó Garantón.

La persecución contra El Nacional inició en 2015 con una denuncia de Diosdado Cabello. Foto: BBV

La persecución contra El Nacional inició en 2015 con una denuncia de Diosdado Cabello. Foto: BBV

Antecedentes del conflicto legal

El conflicto entre El Nacional y el gobierno de Nicolás Maduro tiene sus raíces en una demanda por difamación presentada en 2015 por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de Cabello, imponiendo una indemnización multimillonaria al periódico.

La sede de El Nacional en Caracas fue embargada en 2021 y adjudicada a Cabello sin un debido proceso legal. "El embargo se llevó a cabo sin notificación previa y con intervención militar. Nos quitaron nuestra sede debido a una demanda por supuesta difamación, la cual fue ejecutada sin notificación de cobro ni un proceso legal adecuado", denunció Otero.

Garantón advirtió que la utilización de una criptomoneda para determinar el monto de la indemnización fue irregular, ya que para cuando se inició el juicio, esa moneda digital no existía. "Se han mantenido medidas arbitrarias durante casi una década injustificadamente", concluyó Garantón.