Augusto Centeno: “Daniel Ortega está cerrando los espacios y nos está llevando hacia un Estado totalitario”

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia ha tomado la vanguardia en Nicaragua. De cara a los polémicos sufragios de noviembre han anunciado que se reunirán “con una pluralidad de actores de la sociedad civil” para buscar una salida sobre qué hacer como oposición a Daniel Ortega.

Ustedes informaron el lunes que en las próximas semanas se reunirían con partidos opositores para buscar “acercamientos y concretar acuerdos”. ¿Qué clase de acuerdos esperan lograr?

Nosotros como Coordinadora Universitaria (CUDJ) nos acercaremos a dialogar con una pluralidad de actores de la sociedad civil, diáspora, exilio y víctimas para plantearles la propuesta de la concertación. En una primera etapa escucharemos los intereses de cada unas de las partes, les consultaremos quiénes deberían ser partícipes de este proceso y cuáles son los motivos que obstaculizan la articulación de la oposición en un bloque unitario. A partir de éstas y otras interrogantes elaboraremos una agenda donde estarán planteadas los intereses de cada actor; así como los intereses en común y las líneas rojas. Por ejemplo, una línea roja puede ser invitar a los partidos políticos.

En Nicaragua nos estuvimos organizando para el próximo proceso electoral de noviembre, donde elegiríamos un cambio de autoridades tanto presidencial como legislativa, pero el Consejo Supremo Electoral controlado por los sandinistas despojaron arbitrariamente de sus personerías a los únicos dos partidos que se consideraban no eran aliados de Ortega. Pero íbamos a un proceso electoral con una oposición fraccionada en dos bloques y sin convencer al electorado nicaragüenses de que eran capaces de vencer a Ortega en las urnas y ni todas las organizaciones opositoras apoyaban ir a elecciones; especialmente la diáspora y el exilio. Sin olvidar mencionar las condiciones inhóspitas por el estado de sitio de facto policial y el marco jurídico represivo del gobierno criminalizando a los opositores. Probablemente no todos estén de acuerdo con invitar a los partidos políticos a la concertación, pero es una decisión que tomaran ellos, no nosotros.

Una vez logremos elaborar una propuesta de agenda, pasaremos a la segunda etapa que es convocar a todas las organizaciones a la concertación. Hay un elemento muy importante que es recuperar la confianza entre todos los involucrados, solucionar las diferencias, eliminar los sesgos y prejuicios que durante estos tres años hay cimentado una relación de desconfianza. Ese sería un objetivo primordial, también construir un programa político de cómo vamos a reinstitucionalizar el país y demás demandas de la sociedad como es el tema de la justicia. Luego articular una estrategia de presión contra el gobierno a corto, mediano, y largo plazo. ¿Cuál podría ser esa estrategia? Pues ese es el propósito de la concertación, construirla en conjunto. Pero a corto plazo la primera acción sería denunciar la ilegitimidad del próximo proceso electoral y el desconocimiento internacional de los Ortega-Murillo como gobierno, después sería replantearnos los métodos de presión hasta ahora implementados, cómo debilitar las bases que sostienen el poder político y económico del régimen y cómo la oposición podría aspirar al poder.

Esta iniciativa no la haremos solos, trabajamos para que otras personalidades con mucha influencia nos apoyen en este proyecto y nos brinden asesorías en la negociación y mediación en la concertación.

¿Está planteada la opción de apoyar alguna candidatura unitaria de la oposición en las elecciones de noviembre o consideran que no hay espacios para unos sufragios lo suficientemente competitivos?

Desde el momento que el régimen de Ortega encarceló a siete precandidatos presidenciales y despojó de sus personerías a los dos únicos partidos de oposición las elecciones en Nicaragua dejaron de tener utilidad alguna. No solo eso, secuestró a otra decena de activistas que eran precandidatos a diputados y la ola de represión contra activistas sigue escalando. Ya son más de 150 los presos políticos en el país. Los que participaran en las elecciones son partidos políticos funcionales o leales a Ortega que pactaron designaciones como diputados en la asamblea o en el gobierno para aparentar que en Nicaragua todavía existe algún resquicio de democracia y legalidad. Ninguna organización social o política legitimará las próximas elecciones. La propia Conferencia Episcopal de Nicaragua (la institución con más credibilidad en el país) sacó un comunicado diciendo que no había condiciones para un proceso electoral justo, competitivo y transparente. Pero la lista de los motivos de la ilegitimidad de las elecciones es larga, como reformas inconstitucionales, restricción a la movilidad y organización, reformas electorales que no cumplen con los estándares Interamericanos, etc. Ya no hay forma de que las elecciones de noviembre sean una oportunidad cívica para solucionar la crisis.

Exhortan a todos los sectores a dialogar en pro de “una unidad política”, ¿cómo lograr esto en una situación como esta con tantas personas detenidas y exiliadas?

No solo las detenciones o exilio son motivos para lograr la unidad, es que la crisis política tiene el país en una grave crisis económica que ha llevado a miles de nicaragüenses a salir del país. Solo en el último mes al menos 13 mil nicaragüenses se entregaron a las autoridades migratorias estadounidenses, probablemente en busca de empleo o buscando asilo y refugio, ni decir la cantidad que han sido asesinados por bandas criminales o secuestrados por el crimen organizado en el trayecto. Tres años en recesión económica, estamos a punto de entrar a una depresión económica de complicarse la situación política. Pero, además, la crisis política ha politizado hasta la crisis de la pandemia de COVID-19. En Nicaragua no hay datos estadísticos reales de cuántos contagiados y muertos ha habido, hay un total descontrol y los muertos pueden contarse en miles sin que nos demos cuenta. El 70% de la economía nicaragüense es informal, así que una cuarentena es casi inaccesible para la mayoría de la población, pero el gobierno ha sido irresponsable con la información y concientización, todo lo contrario, convoca a aglomeraciones masivas en actividad que ellos realizan. Entre otros problemas como el asesinato de indígenas en la Costa Caribe por colonos que invaden sus tierras ancestrales, una crisis medioambiental sin precedentes, la creciente inseguridad ciudadana, el limitado acceso a recursos financieros por parte del gobierno debido a la corrupción y la violación a los derechos humanos, el desempleo, el aumento de feminicidios, la polarización política, entre tantos otros problemas de una sociedad en descomposición. Nos organizamos precisamente para solucionar los problemas de nuestro país, si eso no es motivo para unirnos entonces no estamos haciendo nada. El llamado es el de siempre: abandonar el figureo y personalismos para poner de primero a Nicaragua.

Abogan por “un programa político y una estrategia de presión nacional e internacional contra el régimen”. ¿Cómo se esboza este objetivo?

En nuestro pronunciamiento convocamos a todos los nicaragüenses a continuar la lucha con las agendas ciudadanas como guía de movilización y resistencia política. Es necesario que la oposición se despoje de discursos demagogos y de manera concreta le planteé a los nicaragüenses cómo piensa transformar el país. La población se movilizará si ven una propuesta que mejore sus condiciones de vida. Es un objetivo por el cual vale la pena luchar. Hay que entender que la naturaleza de la crisis es sistémica, el hartazgo de los nicaragüenses es hacia toda la clase política tradicional, que hay una necesidad de renovar el contrato social y resolver los problemas estructurales que por décadas afectan al país. No basta con cambiar de gobierno, hay un surgimiento de una ciudadanía que está exigiendo se respete sus derechos y, por lo tanto, se democratice todos los aspectos de la vida social, política y económica.

La presión interna y externa es un asunto muy complejo por la represión desmedida en el interior del país y la capacidad limitada de la comunidad internacional para apoyarnos. Tenemos que ser objetivos, la comunidad internacional no nos va a solucionar nuestros problemas. Pero tanto la presión interna y externa tiene que ser coordinada para que tenga eficacia, porque hasta ahora las sanciones individuales no han sido suficientes como para cambiar la posición del gobierno, y la organización interna es débil. Otro problema que hemos identificado, es que tanto la diáspora y la oposición en Nicaragua tienen posiciones diferenciadas con la presión internacional y en especial con el régimen de sanciones. Si no resolvemos esas diferencias y sobre todo la estrategia no vamos a lograr el apoyo internacional. Hasta el momento la comunidad internacional no sabe cuál grupo es legítimo para representar a la oposición, hasta hace poco los dos bloques más fuertes eran la Coalición Nacional y Alianza Ciudadanos por la Libertad y un tercero era la diáspora en EE. UU. y Europa. La concertación servirá para democratizar los procesos en las tomas de decisiones y en la construcción de consensos en la que estos tres bloques que hasta ahora parecen antagónicos se pongan de acuerdo y la estrategia de presión tenga una respuesta contundente contra las arbitrariedades de Ortega.

A nivel internacional Estados Unidos, la Unión Europea, diversos países e incluso líderes de la izquierda regional han criticado a Ortega, mientras que Washington y Bruselas han autorizado sanciones, ¿qué más se puede hacer en esa materia?

La comunidad internacional ha tratado de no perjudicar más a un país desgatado económicamente por la crisis política y golpeado por la represión. Por eso las sanciones han sido individuales o a instituciones, pero no directamente al país. Nicaragua es el segundo país más pobre de América después de Haití. El Congreso de EE. UU. y el Parlamento Europeo han aprobado una serie de sanciones contra individuos, investigación por actos de corrupción, congelar activos, suspender visas, prohibir a empresas o ciudadanos estadounidenses o europeos a tener negocios con las personas sancionadas, etc., pero está en agenda la posibilidad de expulsar a Nicaragua del DR-CAFTA y ADA que son los acuerdos de tratado de libre comercio más importantes para Nicaragua con ambas potencias; para Nicaragua sería catastrófico si llegara a implementarse. Ha habido intentos por gobierno como los de México, Argentina o España para que el gobierno se abra a una negociación con mediación internacional sin que hayan logrado resultados satisfactorios por el momento. Pero, por otra parte, en la región centroamericana, nuestros vecinos (exceptuando Costa Rica) no han tenido alguna postura beligerante con la crisis nicaragüense. Necesitamos más apoyo por parte de ellos. Por el momento antes de ir por el camino de las sanciones lo más indicado es que la comunidad internacional nos apoye con una posible mediación con el gobierno en el que los costos para Nicaragua sean los menos altos posibles en vidas humanas o deterioro económico. Esto nos abre la posibilidad de que la concertación sirva a la oposición para prepararse a una negociación con una relativa posición de fuerza a fin de lograr una salida de Ortega del poder.

¿Cómo se vive en un país con más de 30 dirigentes opositores detenidos, incluidos siete posibles aspirantes a la Presidencia? ¿Cómo aspirar a un cambio de gobierno?

Pues vivimos en la completa incertidumbre, con miedo a ser capturados, en la semiclandestinidad como si hubiéramos cometido delito alguno; otros eligen el camino del exilio. Nicaragua en sus 200 años de independencia en su mayoría ha sido gobernada por regímenes autocráticos, pero nunca pensé que me tocaría vivir en una dictadura. A todos nos causa una profunda tristeza e indignación en las condiciones de pobreza y miseria que someten a nuestra gente, aprovechándose de la ignorancia y necesidades de la población para cometer sus crímenes. Salir a las calles tomadas por la Policía, hombres de civil encapuchados con armas de guerra, excluyendo a los que piensan diferentes a ellos, en una especie de muerte civil. Ese es el día a día de los nicaragüenses, sobreviviendo a la precariedad mientras ellos acumulan una fortuna con el dinero del Estado. Tenemos más dudas y certezas de cómo salir de la crisis y lograr un cambio de gobierno. Nuestra esperanza es que la concertación nos dé respuesta a estos problemas.

Hace poco conversé con doctores nicaragüenses que me hablaban de miedo, terror por no saber qué puede pasar, quién más puede ser detenido. ¿Cómo lo vive la juventud?

En Nicaragua vuelve ser un delito ser joven, como lo era con la dictadura dinástica de los Somoza. Pero como nunca antes en la historia hay una juventud comprometida con el civismo, con altos niveles de preparación académica. Atrás quedaron los días de las luchas armadas, estamos avanzando como sociedad. No creemos que poniendo más muertos vamos a cambiar algo. Creo que las aspiraciones son otras, sobre todo salir de la pobreza en un país como Nicaragua donde las oportunidades son escasas. Las condiciones son terribles para la juventud: las Universidades públicas son controladas por el gobierno, no hay libertad de cátedra y pensamiento, expulsiones arbitrarias, exclusión por razones políticas, desempleo, fuga de cerebros. Muchos jóvenes están saliendo del país a encontrar una oportunidad laboral o continuar con sus estudios universitarios. En general es terrible lo que vive la juventud nicaragüense, ni digamos los jóvenes radicados en las zonas rurales. Pero, por otra parte, lo positivo es que quieren organizarse a pesar de la represión y el cierre de los espacios públicos. No hay momento en los últimos treinta años donde tantos jóvenes estén interesados en la política, no solo en el activismo de calle. Hay una camada de jóvenes nicaragüenses que van a impulsar el desarrollo de nuestro país. Ojalá que los países del mundo les abran las puertas a los jóvenes que deciden irse para prepararse académicamente y cuando regresen a Nicaragua todo ese conocimiento los pongan en disposición del desarrollo de nuestra gente.

¿Hay espacio para más protestas? Por lo que sé, caló hondo el recuerdo de la represión de 2018.

Ninguno. En septiembre del 2019 el régimen prohibió inconstitucionalmente la protesta social. Para poder protestar hay que pedirle permiso a la Policía; la misma institución que asesinó, según el GIEI Nicaragua, a más de trescientos nicaragüenses y a diario secuestra sin orden judicial a líderes opositores. Nicaragua es una cárcel en la que se sufre en silencio. Ni los medios de comunicación se salvan. Han confiscado medios como Confidencial o 100% noticias, exiliado a periodistas, retirado personalidad jurídica a casi cien organizaciones no gubernamentales. Están cerrando todos los espacios donde puede manifestarse la sociedad civil y arrinconándonos hacia un Estado totalitario.