Escuelas públicas de Nueva York desafían a Trump: no eliminarán prácticas de la DEI pese a posible recorte en financiación federal
Las autoridades de Nueva York han rechazado la petición del presidente Donald Trump de eliminar las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, a pesar de las amenazas de suspender los fondos.
Las autoridades del estado de Nueva York informaron a la administración del presidente Donald Trump que no cumplirán con su solicitud de eliminar las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, a pesar de las amenazas de recortar la financiación federal para la educación.
El jueves, el gobierno de Trump instruyó a las escuelas de educación básica de todo el país a certificar, en un plazo de diez días, su cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria de DEI como condición para recibir fondos federales.
Escuelas públicas de Nueva York: ¿por qué no eliminarán prácticas de la DEI pese a amenazas de Trump?
Según AP News, las autoridades del estado de Nueva York informaron a la administración del presidente Donald Trump que no cumplirán con sus exigencias de eliminar las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, a pesar de las amenazas de cancelar la financiación federal para la educación.
Daniel Morton-Bentley, asesor y subcomisionado del Departamento de Educación del estado, indicó en una carta fechada el viernes y dirigida al Departamento de Educación federal que las autoridades estatales consideran que la agencia federal no tiene la autoridad para realizar tales demandas. Hasta ahora, el Departamento de Educación de Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
El jueves, el gobierno de Trump instruyó a las escuelas de educación básica en todo el país a certificar, en un plazo de diez días, su cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria de DEI como requisito para recibir fondos federales.
“La asistencia financiera federal es un privilegio, no un derecho”, dijo Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, en un comunicado cuando se presentó la demanda. Señaló que muchas escuelas no han cumplido con sus obligaciones legales, "incluyendo el uso de programas de DEI para discriminar a un grupo de estadounidenses en favor de otro".
La amenaza de sanciones financieras es similar a las que el gobierno de Trump ha aplicado a las universidades en su esfuerzo por frenar las protestas contra Israel, que considera antisemitas, según AP News.
La demanda de certificación por parte de la administración de Trump
En la demanda de certificación, se solicita a los líderes estatales y escolares que firmen un “recordatorio de obligaciones legales” en el que reconocen que su financiación federal está sujeta al cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles. Además, se exige que cumplan con varias páginas de análisis legal redactadas por la administración.
La demanda amenaza específicamente la financiación del Título I, que distribuye miles de millones de dólares anualmente a las escuelas de Estados Unidos, enfocándose en las zonas de bajos ingresos.
Morton-Bentley afirmó que el Departamento de Educación del estado ya ha certificado en diversas ocasiones ante el gobierno federal que cumple con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, siendo la más reciente en enero. Señaló que el departamento federal basa sus demandas para terminar con los programas de DEI en una interpretación legal equivocada.
También criticó que la postura de la administración representa un "cambio abrupto" con respecto a la postura adoptada por la primera administración de Trump, citando comentarios de 2020 de la entonces secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, quien afirmaba que la diversidad y la inclusión eran “piedras angulares del alto rendimiento organizacional”. Añadió que la administración no ha explicado por qué cambió de postura.
Los críticos de la demanda de certificación argumentaron que esta contradice la promesa de Trump de devolver el control de la educación a las escuelas y los estados.
