Por: José I. Távara Profesor del Dpto. de Economía de la PUCP. Nuestro país jamás podrá desarrollarse con un Estado raquítico y ausente, donde el director de Minería de Madre de Dios se siente rebasado frente a 20 mil mineros informales, porque la dirección son “solo él, su secretario y su camioneta”. Ocupamos los últimos lugares de América Latina en calidad educativa y tenemos graves deficiencias en salud. Necesitamos invertir con urgencia en mejorar estos servicios, pero también en infraestructura y capacidades para revertir la destrucción del medio ambiente y enfrentar los desafíos del cambio climático. No podemos seguir postergando la seguridad ciudadana, el gobierno electrónico, el fortalecimiento de las universidades y la investigación tecnológica. Pero los recursos fiscales son insuficientes para financiar estas inversiones. Una medida popular para elevar la recaudación es el impuesto a las sobreganancias mineras, generadas por los altos precios de los minerales. Sin embargo, un estudio reciente de Luis Alberto Arias, publicado por la CEPAL, revela que hay otros sectores que aportan muy poco al fisco –incluyendo la construcción– y que el 92% de la recaudación del impuesto a la renta de las empresas se concentra en los 15 mil contribuyentes principales, pues los pequeños y medianos –3.9 millones– solo aportan el 8%. Arias propone revisar los regímenes especiales por sector (por ejemplo, el beneficio de depreciación acelerada para la minería), por zona geográfica (Amazonía) y por tamaño de contribuyente (RES y RUS), pues facilitan la evasión. El estudio también revela la baja contribución del impuesto a la renta de las personas naturales, y el hecho de que el 80% de su recaudación provenga de las rentas del trabajo (4ª y 5ª categoría), debido a que la mayor parte de las rentas del capital están inafectas o exoneradas. Si bien la reforma reciente eliminó algunas exoneraciones, la tasa que grava las rentas del capital es muy inferior a la que grava los ingresos laborales. Los impuestos a la propiedad también son reducidos. Los valores de autoavalúo son dos a tres veces menores a los valores de mercado, de manera que el impuesto predial anual, por ejemplo para una casa de playa, es una fracción de lo que gastan sus propietarios en divertirse cualquier fin de semana. Los catastros no están actualizados, pese a que existen tecnologías de bajo costo en cartografía digital, y los municipios no tienen incentivos para mejorar la recaudación, pues la mayor parte de sus recursos provienen de transferencias del gobierno central. Por todo esto es urgente una reforma tributaria, con el objetivo de construir un sistema visiblemente equitativo, transparente y de ancha base, que afirme el vínculo entre tributación y ciudadanía. Esto implica elevar los impuestos a la renta y la riqueza –todos saben cuánto pagan– y reducir la participación de impuestos indirectos como el IGV, que son poco equitativos y muy opacos: la gente no se entera que los está pagando. Cuanto más conscientes sean los ciudadanos de la magnitud de los impuestos que pagan, más fácil será que se movilicen para exigir servicios de calidad y la rendición de cuentas a las autoridades elegidas. Por cierto, la calidad de los servicios debe elevarse, pues ¿cómo exigirle a un minero informal que pague sus impuestos, con un Estado inexistente que no le brinda servicio alguno? ¿Y cómo transformamos nuestro Estado raquítico en un Estado fuerte, moderno y eficiente, si la gente no paga sus impuestos? No tengo las respuestas, espero que con voluntad política y con una ciudadanía activa y comprometida, sobre todo en periodos de elecciones. Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com El domingo no se pierda Actualidad Económica con Félix Jiménez.
