¿Qué tan probable es que Perú se una a las protestas sociales de Latinoamérica?

El sábado pasado, mientras la protesta estallaba en Colombia y se mantenía en Chile y Bolivia, Perú organizó la final de la Copa Libertadores sin mayores sobresaltos. A pesar de compartir con estos países problemas de fondo como la desigualdad, corrupción y alta desconfianza hacia la clase política, los peruanos aún no se suman a los estallidos de protesta en la región.

Inclusive cuando el lunes pasado se liberó a Keiko Fujimori, menos de mil personas salieron a protestar. ¿Significa esto que los peruanos somos poco propensos a protestar? Todo lo contrario, somos de los que más protestamos en la región. Sin embargo, estas protestas rara vez se han articulado en manifestaciones nacionales.

Protestas por sectores

Si bien la economía ha crecido sostenidamente desde hace casi dos décadas, los efectos han sido desiguales. Al igual que en otros países de la región, mientras los sectores más afluentes han multiplicado sus ganancias, el 40% de la celebrada nueva clase media es bastante precaria y vulnerable al actual estancamiento económico.

Además, el avance de las industrias extractivas frecuentemente ha significado el despojo de tierras y fuentes de agua, y la contaminación en zonas rurales donde se concentra la población más pobre del país. Estos dos sectores tienen que lidiar cotidianamente con altos niveles de incertidumbre sobre su seguridad y su futuro.

La frustración con la persistente ineficacia de los canales institucionales para procesar demandas ha volcado a miles de peruanos a las calles a reclamar por sus derechos. Año tras año, los reportes confirman que el Perú es uno de los países de la región -junto a Bolivia y Argentina- donde más gente participa en protestas.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre el 2008 y el 2018 hubo más de 11.600 protestas en todo el país. El 23% de estas involucraron por lo menos un acto de violencia. Solamente en Lima Metropolitana hubo 1.120 protestas.

Esta misma semana hubo protestas tanto en el sur como en el norte en contra de empresas mineras, una huelga de mineros y una huelga de transportistas informales en Lima. Es inusual no ver protestas en Perú.

Como se ve, hay constantes protestas divididas, pero aún no se ha llegado a un estallido social a nivel nacional.

Tres factores de escape

En el contexto actual, las probabilidades de estallido se han reducido por tres factores: la informalidad, la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo, e -irónicamente- la debilidad del gobierno.

El alto nivel de informalidad laboral en el Perú funciona como un descompresor de demandas, porque expande la oferta laboral, aunque sin derechos laborales y permite una oferta de servicios baratos de salud y educación, aunque de mala calidad.

Los peruanos igual protestamos localmente contra el municipio por el hospital que no se construye, o contra la minera que contamina, pero no ha existido la urgencia por empujar una protesta nacional porque no ha existido un Estado que esté sobre nosotros, limitando con impuestos y regulaciones los atajos que usamos para afrontar la precariedad.

La segunda válvula de escape ha sido la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo y equipos especiales de la Fiscalía. El escándalo de los audios que mostraron la red de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, los nuevos testimonios que involucraban a exalcaldes expresidentes y candidatos presidenciales con el caso Odebrecht, y la actuación del fujimorismo en el Congreso fueron respondidos con una inusitada resolución por el presidente Martín Vizcarra y la Fiscalía.

Se convocó a un referéndum para aprobar las reformas, se aplicó la prisión preventiva para expresidentes, políticos y empresarios, y finalmente se decidió disolver constitucionalmente el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias.

Al margen de lo apropiadas o no que fueron estas medidas, es claro que cada una recibió el apoyo mayoritario de la población. Los peruanos salieron a marchar a nivel nacional para celebrar el cierre del Congreso. Los numerosos escándalos de corrupción y las trabas del Congreso enfocaron el malestar ciudadano en la clase política, dejando en segundo plano la posibilidad de una politización de la precariedad económica o la desigualdad.

En tercer lugar, la debilidad del gobierno también juega un rol en la desactivación del escalamiento de las protestas. A diferencia de otros mandatarios en la región, que se atrincheran en sus decisiones y emprenden una campaña de confrontación con los manifestantes, el presidente Vizcarra suele ceder o negociar rápidamente en todas las protestas que ha enfrentado.

Su gobierno se inauguró retrocediendo en el aumento del impuesto a los combustibles apenas comenzaron las protestas en el sur del país.

El último episodio ha sido la ambigüedad con que ha manejado la autorización del proyecto minero Tía María con gran rechazo en Arequipa; decidió dar el permiso pero evitar el inicio de operaciones hasta que la población de su licencia social.

Sin partido, ni bancada en el Congreso, ni aliados poderosos, Vizcarra depende de la opinión pública. Su gobierno reprime la protesta pero ha limitado el uso de la represión, al menos hasta ahora.

Aunque los presidentes que lo precedieron también fueron relativamente débiles y propensos a ceder o retroceder cuando las protestas escalaban a nivel nacional o regional, fueron bastante más represivos. En particular, el segundo gobierno de Alan García dejó 191 fallecidos en conflictos sociales.

En suma, los atajos que brinda la informalidad, la catarsis colectiva que han significado los resultados de la lucha contra la corrupción y la propensión del gobierno a ceder o negociar han limitado la probabilidad de un estallido social similar a los que han ocurrido en la región.

Fuente: Ciper Chile, por Omar Coronel