Gisella Aragón: “De 100 peruanos, 86 piensan que serán víctimas de algún crimen en los próximos 12 meses”

El estudio ‘Indicadores para entender a las economías ilegales en el Perú’, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, contribuye con cifras que ayudan a entender el fortalecimiento de los esquemas criminales en el país. En este documento se precisa cuánto dinero mueve anualmente el sangriento negocio de la extorsión, qué porcentaje del PBI representan todas las economías ilegales y cuál es nuestro nivel de confianza en los agentes del Estado. Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la UP, hace un resumen de estos hallazgos.

Un dato interesante del estudio es que el Perú supera a otros países en el desarrollo de algunos mercados ilegales. ¿Cuáles son esos mercados?

En general, este informe tiene dos horizontes. Uno es la criminalidad y otro es las conexiones que tienen esos grupos con organizaciones en el Estado. Y en el tema de organizaciones criminales estamos punteros. Estamos arriba, por ejemplo, en trata de personas, que se vincula a la minería ilegal y a la tala de madera. Esa es una de las preocupaciones en las que destacamos en la región. Pero no es la única. De los 15 mercados ilegales, estamos bastante arriba en 10 de ellos (trata, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la flora,contra la fauna, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína, de cocaína y comercio de productos falsificados), tenemos índices mucho mayores a los de Sudamérica y Latinoamérica.

¿A qué le llaman resiliencia en el estudio?

Es la capacidad que tenemos para poder combatir las economías ilegales. Desde normativas u operaciones que realizan las partes competentes del Estado. Es también nuestra capacidad de tener una anticipación ante estas actividades, lo que llamamos prevención. Ahora, hay que reconocer que las actividades criminales tienen muchos recursos y su capacidad de responder es alta.

Y en nuestra capacidad de resiliencia, ¿cómo estamos en Sudamérica?

Bastante bajo. En resiliencia estamos en el puesto 8 en Sudamérica, 22 en América Latina y el Caribe y 119 en el mundo. Eso nos manda a la cola de cómo estamos atendiendo este problema.

¿Cuánto ha crecido el crimen vinculado a las economías ilegales?

Revisando el estudio, hay una bibliografía muy extensa, la del equipo de Basombrío y Valdés. Ellos hablan de la extorsión y no es algo novedoso, está desde los años 50 en el país, pero estaba muy vinculada a ciertos sectores productivos, como el de la construcción. Eso ha evolucionado en el tiempo. Y lo que ellos mencionan es que este sistema se ha expandido a otros sectores, no solo grandes, que movilizan muchos recursos, sino a pequeños comercios. Hemos crecido y las economías ilegales también.

Es lo que vemos en el día, transportistas, comerciantes, incluso profesionales independientes que son extorsionados. 

Y todas las amenazas son creíbles. No es menor que alguien te diga: “Dame esta cantidad porque te puedo hacer algo”. Miremos las estadísticas de percepción, que son impactantes. De 100 peruanos, 86 piensan que van a ser víctimas de algún tipo de crimen en los próximos 12 meses.

¿Esa cifra es nacional? ¿Se agrava si se mira región por región?

Ese indicador es urbano. Sí, hay regiones que tienen mayor sensibilidad a estas acciones. Regiones que sobrepasan el promedio nacional de 86% de percepción de inseguridad son Arequipa, Lima, La Libertad, Tacna, Madre de Dios. Son regiones donde las economías ilegales tienen sus centros operativos. Desde allí es que deslizan sus redes.

Donde operan las economías ilegales, hay más temor a sufrir de algún acto criminal.

Sí, y también hay menos esperanza de que algún ente del Estado los pueda ayudar, como la Policía Nacional.

Vamos a eso. ¿Cuánta confianza en la Policía tenemos los ciudadanos?

La verdad es que no es mucha. Es 18,9% en promedio.

¿Y eso también varía según cada región? ¿Hay regiones que desconfían un poco más de la Policía?

Sí, si tú ves los mapas, hay regiones del sur que están por debajo de la media nacional: Tacna (13,2%), Puno (6,9%), Madre de Dios (7,4%), el Centro y Lambayeque (18,6%). Lima metropolitana está en el borde con 19,3% de confianza y el Callao tiene 20,8% de confianza. 

En ese mismo aspecto, ¿cuáles son las regiones que tienen menor número de policías en comparación con su número de pobladores?

Primero veamos la distribución de comisarías. Hay regiones como Madre de Dios y Ucayali que son las que menos comisarías tienen:12 y 15 respectivamente. En comparación, hay regiones como Cajamarca, Lima metropolitana y Arequipa que tienen más de 100. La mayoría del plantel policial es masculino. Son pocos los oficiales, hay más suboficiales. Y hay un 10% que está en áreas en las que no ejerce ninguna acción operativa.

Y a esto se le suma su problema de infraestructura. ¿Cuáles son las regiones que tienen las peores comisarías?

Allí están todas las del oriente, que están en graves condiciones. Y en el tema de cuántos agentes tenemos por cada 100.000 habitantes, Lima metropolitana está en la cola, porque tenemos una población que es el tercio de todo el país. Luego le siguen Ucayali, Loreto, Ayacucho, La Libertad, como las regiones con menos efectivos por cada 100.000 habitantes.

En comparación con el PBI, ¿qué volumen de dinero manejan las economías ilegales?

Tomamos las estimaciones de Basombrío de 2022, y allí eso asciende a un 3% del PBI. No obstante, el IPE hizo una actualización hacia arriba. Allí la que mueve la aguja es la minería ilegal de oro. Y si varía el precio del oro, también se mueve esa estimación. Ahora, lo que hay que entender es que estas cifras tienen un impacto en el día a día de las personas.

Habla de la gente que depende de estas economías, porque no tienen otras opciones.

Sí. Y acá lo que toca, desde los roles que tenemos, desde el Estado, desde el sector privado, es ver que se generen otras oportunidades para estos ciudadanos, que a lo mejor intentan otra cosa, pero terminan involucrados en estos círculos, quieran o no, porque el sistema los obliga. 

Probablemente, las economías ilegales son las actividades más importantes de sus regiones.

De hecho, eso sucede con la minería ilegal. Tenemos a los pequeños mineros, a los artesanales, que tienen el reto administrativo de formalizarse, pero les llegan propuestas más ventajosas y toman decisiones que no van de la mano con la formalidad y la legalidad. Vemos esquemas que combinan informalidad con ilegalidad, que aprovechan ventanas en la ley. Y muchos terminan exponiendo su propia integridad. Arriesgan su salud, su vida, se exponen a trabajar con químicos, y allí no hay ningún tipo de reconocimiento laboral.

¿Hay algún cálculo de cuánto está moviendo la extorsión en estos días?

Son unos 530 millones de dólares, según el trabajo de Basombrío y Valdés.

Por año.

Por año. Y hay que diversificar. Afecta a comerciantes, a pequeños negocios, a transportistas, a empresas de construcción. Y esto impacta. A veces, los negocios ya no son tan rentables, se caen, cierran. Se dan pérdidas financieras. Estos paros que ve son un grito de ayuda. Desde los que tienen pequeñas unidades tipo taxi hasta los más grandes están expuestos a esto.

¿El estudio ha establecido conexiones entre las economías ilegales y representantes políticos?

Los estudios y evidencias nos dejan observar estas conexiones, hay redes dentro de los municipios, por ejemplo. Donde haya una oportunidad, la van a tomar.