Jóvenes en defensa de la Reforma

Nadie les preguntó su opinión. La Comisión de Educación del Congreso ha puesto en agenda un proyecto de ley que acabará con la independencia de la Sunedu y tendrá grave impacto en la calidad educativa de las universidades. Pero no les ha preguntado su opinión, aunque ellos serán los principales afectados.

Al mismo tiempo, la citada comisión ha formado un grupo de trabajo que viene recibiendo a los rectores y a los dueños de las universidades privadas que no consiguieron su licenciamiento. Escucha sus quejas contra la Sunedu y contra la reforma, y les da la razón, al mismo tiempo que cocina hasta cuatro proyectos para darles nuevas oportunidades para licenciarse.

Los estudiantes de las principales universidades del país están molestos. Indignados.

Están hartos.

–Como estudiante y como representante estudiantil me da mucha pena que los legisladores que tienen la responsabilidad directa de velar por nuestra educación estén usando la Comisión de Educación como un espacio para abrirle la puerta a intereses particulares.

Quien habla es Micaela Bazalar (21), presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), una de las organizaciones estudiantiles que esta semana se pronunciaron en contra de los intentos del Congreso de traerse abajo la reforma universitaria.

También lo hicieron el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Marcos, la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI, la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria y varias otras organizaciones.

Ellos están reclamando su derecho a expresar ante los legisladores lo que piensan de este intento por desmantelar la reforma. Y anuncian que saldrán a defenderla en todos los espacios posibles, incluyendo las calles.

Educación en riesgo

–Está claro que el sistema de la ANR (Asociación Nacional de Rectores) no puede volver, ni tras la fachada de Consejo Directivo de la Sunedu ni bajo ninguna forma– dice Bazalar.

La dirigente estudiantil se refiere al proyecto de ley presentado por el propio presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, que les da cuatro de los siete espacios del Consejo Directivo de la Sunedu a las universidades públicas y privadas, lo que les permitiría nombrar a un jefe de la Sunedu afín a sus intereses.

–El riesgo es clarísimo para los estudiantes – continúa Bazalar–. No es posible el escenario de que los rectores de las universidades sean juez y parte, de que ellos sean quienes se fiscalizan solos, se regulan solos, se aprueban o deniegan las licencias entre ellos, porque en ese momento estaríamos admitiendo injerencias de los intereses particulares, económicos, que se vieron afectados con la reforma universitaria.

–Nosotros sabemos que la Sunedu no es perfecta, que debe mejorar –dice, por su lado, David Ramos, presidente de la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI–, pero en cierto grado es independiente. La fiscalización de la educación tiene que tener consideraciones objetivas y técnicas. La ANR no plantea esa opción. Plantea una opción de autorregulación en la que los mismos rectores, que muchas veces son elegidos con el voto de los profesores más que el de los estudiantes, ponen sus intereses de por medio y pueden plantear posturas que a la larga afectan a los estudiantes.

Los subestimaron

Los dirigentes también están desconcertados por los sucesivos proyectos de ley que han presentado bancadas tan distintas en teoría como Renovación Popular y Perú Libre y que buscan darles una nueva oportunidad a las universidades privadas –incluso a las que tienen fines de lucro– para que logren su licenciamiento.

–En mi opinión, no se les debería dar una segunda oportunidad porque sus autoridades han demostrado ineficiencia –dice David Ramos–. Pero lo que sí se debería hacer, de parte de la Sunedu y del Estado, es buscar la reinserción de los estudiantes que quedaron fuera.

A Ethel Rodríguez (26), presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad San Marcos, una de las cosas que más la enoja es que los miembros de la Comisión de Educación le estén prestando rápida atención a estas iniciativas y no a otras que sí beneficiarían a la comunidad estudiantil, como el proyecto de Ley de Internado que los estudiantes de Medicina del país vienen tratando de poner en agenda desde hace meses.

–La comisión debería estar discutiendo otros temas, como mejorar la infraestructura, apoyar a las universidades públicas que no tienen suficientes recursos, mover el tema de las pensiones universitarias... Hay muchas prioridades que estamos demandando, antes que retomar a un sistema que no tuvo éxito –dice.

Hace algunas semanas, estos mismos dirigentes participaron en algunas sesiones de la Comisión de Educación. En ese momento, apoyaban los proyectos que ampliaban el plazo para el bachillerato automático y que, a la postre, se convirtieron en una ley que hace unos días fue promulgada por el presidente Castillo.

Sin embargo, si los parlamentarios creyeron que con esa ley se habían metido a los estudiantes en el bolsillo, se equivocaron. –Pensaron que los jóvenes se iban a comprar fácil el cuento –dice la congresista Flor Pablo–. “Ya tengo mi bachillerato automático, entonces el resto no me importa”. Bueno, se equivocaron y ellos nos lo están haciendo saber.

Pablo es una de las pocas congresistas que se ha comprado el pleito de defender la reforma al interior de la Comisión de Educación. La semana pasada, junto con Susel Paredes y Jorge Marticorena, recibió a los dirigentes estudiantiles para escuchar sus preocupaciones, y esta semana formó, junto a una decena de legisladores de diversas bancadas, el Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria, que buscará hacerle frente a las iniciativas que buscan desmantelar lo avanzado.

–Han subestimado a los jóvenes –dice–. Ellos son la reserva moral del país y van a defender la reforma como lo han hecho en el pasado.

–Estamos coordinando medidas –dice Micaela Bazalar–. Estamos viendo espacios para que nuestra voz sea escuchada, porque en el Congreso está siendo ignorada, porque saben que jamás apoyaríamos lo que están haciendo. Y si es necesario vamos a tomar las calles y hacer lo que la coyuntura nos exija en defensa de nuestro derecho a una educación de calidad.