Infraestructura colapsada

Colegios en cuidados intensivos

Miles de alumnos de escuelas públicas retomarán sus clases en aulas prefabricadas. Varios colegios capitalinos han sido declarados inseguros y serán reconstruidos. Lo que es más grave, a nivel nacional, más de la mitad deben ser demolidos por defectos de infraestructura.

Juana Gallegos

Domingo, 25 de Febrero del 2018

Lunas rotas, pisos ruinosos, focos que no prenden, mobiliario para niños de kinder ocupado por alumnos de secundaria, durante tres años estas deficiencias fueron parte de la cotidianidad de los alumnos de la Gran Unidad Escolar José Granda de San Martín de Porres, que en 2015 tuvieron que ser trasladados a otros tres colegios del distrito.

El Granda, que albergaba a 1,923 alumnos de primaria, secundaria y educación alternativa, debía ser renovado totalmente para convertirse en un colegio emblemático. En un primer momento, se le dijo a los padres que sus hijos ocuparían, de forma temporal, los módulos prefabricados instalados por el Ministerio de Educación (MINEDU) en los patios de los colegios anfitriones. Sin embargo, el tiempo que debía tomar la obra se dilató y los alumnos han soportado su condición de inquilinos entre la precariedad y la improvisación.

En el I.E. 3041 Andrés Bello, por ejemplo, una escuela primaria pequeña, a donde fueron a parar 970 alumnos de secundaria, la sobrepoblación propició la acumulación de basura en los pabellones. Solo ocho baños cubrieron la necesidad de más de 2,000 estudiantes. Y como las aulas prefabricadas fueron ubicadas sobre el terral, algunos alumnos contrajeron enfermedades respiratorias y de la piel. Incluso hubo un brote de tuberculosis reportado el año pasado. Y para rematar, uno de los alumnos se electrocutó al manipular una caja de cableado eléctrico.

En los últimos años, el estudiar en aulas prefabricadas se ha convertido en el símbolo de la situación que atraviesa la infraestructura de las escuelas públicas.

Mario Ríos, director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Pronied) dice que más de la mitad de colegios de todo el país deben ser derruidos: "De los 54,397 locales escolares, 27,411 deben ser demolidos pues son de alto riesgo para la seguridad del alumnado".

En este interín, los alumnos deberán ser reubicados y tomar sus lecciones en casetas de hojalata, como es el caso de los alumnos del José Granda, para no perder el año escolar.

Se calcula que este 2018, Pronied abastecerá con 2,400 módulos a 853 instituciones educativas que requieren una intervención urgente a nivel nacional. Se ha prendido una luz de alerta.

 

Lima, estado crítico

 

Este febrero comenzó con el cierre de la I.E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres en San Juan de Miraflores. El alcalde del distrito, Javier Altamirano, ordenó su clausura debido al peligro que representaba su muro perimétrico, pues en 2016 colapsó al derrumbarse una de sus paredes. Este mismo mes, en Villa María del Triunfo, el techo de uno de los ambiente de la I.E. Santa Rosa de Lima se vino abajo, por suerte, sobre libros almacenados, ¿qué hubiera pasado si caía sobre los alumnos?

“Lima y Cajamarca son las regiones con mayor número de colegios en estado crítico”, señala Mario Ríos del Pronied.

La capital se ha ganado este título por concentrar la mayor parte de la población y porque, además, ha sido rezagada en el orden de la prioridades del Estado.

“Se ha dado preferencia a las provincias y zonas rurales donde la brecha educativa es mayor, es lo justo, pero se han olvidado que en Lima también hay pobreza y colegios con serios problemas de infraestructura”, señala la representante de la Defensoría del Pueblo, Milagritos Anderson.

Desde el 2015, la Defensoría viene realizando visitas de supervisión a colegios limeños para evaluar el estado de sus instalaciones: cómo se encuentran los muros perimétricos de las escuelas, si hay grietas en paredes y/o columnas, si hay rampas accesibles para personas con discapacidad, si los patios tienen toldos que protejan a los escolares de la radiación solar, si la institución educativa cuenta con un informe técnico del estado de su infraestructura.

En su última inspección a 56 colegios, realizada entre el 23 y 24 de enero, la Defensoría reportó la persistencia de los mismos problemas en los colegios visitados en años anteriores.

“Es preocupante que luego de tres años y antes del inicio del año escolar 2018, ningún colegio con problemas de cercos perimétricos haya sido atendido, así como, no se hayan iniciado las obras para la remodelación y sustitución de las aulas observadas de alto riesgo”, señaló en sus recomendaciones al Pronied.

Si bien la muestra de los colegios inspeccionados por la Defensoría es pequeña -ya que en Lima y Callao hay 2,210 instituciones educativas-, pone en evidencia una realidad dramática de nuestro sistema educativo: los ambientes donde los niños y adolescentes desarrollan sus actividades escolares no son seguros.

Proneid se puso al corriente y hasta la fecha sus técnicos han peinado 300 colegios de Lima, corroborando que 107 son de alto riesgo, es decir, tienen ambientes inhabitables que deben ser demolidos y reconstruidos, y sus alumnos deben ser trasladados con urgencia a módulos prefabricados.

Los técnicos continuarán con sus reportes, ha dicho su director ejecutivo. Mientras tanto no se sabe con certeza cuántos años tendrán que pasar para que todos los estudiantes capitalinos puedan acceder a colegios públicos de calidad.

 

Defectos de fábrica

 

 

El que se deban tumbar varios colegios de Lima por defectos en sus estructuras evidencia una serie de problemas que caen en cascada. “Muchos colegios de la capital que ya pasan las tres décadas fueron levantados con buena voluntad por los padres de familia de las barriadas pero sin la asesoría técnica que garantice una construcción segura”, apunta Mario Ríos del Pronied.

“Por otro lado, muchos alcaldes cedieron los peores terrenos para levantar los centros educativos”, señala Milagritos Aderson de la Defensoría.

Y es que hay algunos que fueron construidos sobre rellenos sanitarios, en la cumbre de los cerros, mirando los abismos, o en zonas expuestas a los huaycos y a los desprendimientos de tierra. Por esta razón es que el Ministerio de Educación no puede realizar obras en escuelas que a la larga terminarán sucumbiendo.

Otra razón que frena la remodelación de la infraestructura es que algunos colegios no cuentan con el saneamiento físico legal respectivo. Es decir, no tienen título de propiedad y por lo tanto no existen en los registros públicos.

Ríos señala que el 45% de colegios a nivel nacional tienen esta condición, es por ello que el Estado no puede intervenirlos.

Por lo pronto, cientos de estudiantes capitalinos de escuelas públicas seguirán ocupando aulas prefabricadas hasta que se reconstruyan sus colegios.

Como los alumnos del José Granda que, según su directora Aurelia Rojas, tras tres años de espera e incomodidad, serán trasladados los primeros días de marzo al reflotado centro de estudios que contará con piscina, cancha de básquet y un auditorio nuevo, y sobre todo, tendrá paredes recién pintadas y mobiliario digno.

"Se debe garantizar todas las condiciones para que los alumnos tengan una educación con desarrollo humano, sin discriminar a los que viven en las zonas más pobres de Lima, pues todos tienen derecho a colegios seguros e infraestructura de calidad", señala Milagritos Anderson.

Se ponen los primeros ladrillos de la reconstrucción educativa. Solo se pide que las bases sean sólidas.

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