Wilbert Bendezú, presidente del Parlamento Andino, manifestó su preocupación porque hasta la fecha, el Poder Judicial de Phoenix no ha emitido un dictamen que paralice la vigencia de la Ley Arizona, que regiría a partir del 29 de julio, poniendo en riesgo a unos 4 mil 500 peruanos irregulares. “Quedan escasos días para que empiece a regir esta draconiana ley y, hasta la fecha, la jueza norteamericana (Susan Bolton) que puede paralizarla, a pesar de que ya analizó oficialmente la impugnación del gobierno del presidente Obama, no ha emitido un dictamen oficial que detenga su aplicación; por lo que nuestros compatriotas podrían sufrir penas de cárcel y deportación.”, afirmó Bendezú. Ante esto, Bendezú pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores abrir un consulado en Arizona o, en todo caso, gestionar- aplicando la figura de las embajadas binacionales entre Perú y Ecuador firmada por los presidentes García y Correa- que nuestros connacionales reciban un apoyo total del consulado ecuatoriano que se instalará en este estado norteamericano. “Por ejemplo, si se produjera la orden de deportación de un peruano, éste va a necesitar prestamente de un salvoconducto o un pasaporte provisional que les permite regresar al país. El tema de los hijos nacidos en Norteamérica de padres peruanos irregulares es otro tema que preocupa. Se verán en riesgo de quedar desamparados si sus padres son arrestados. Por eso, el tema del consulado es de vital importancia”, señaló Bendezú. La Ley SB 1070 criminaliza la permanencia ilegal en el estado de Arizona. Establece encarcelamiento por un periodo de seis meses con una multa de 2 mil 500 dólares a los inmigrantes que no puedan presentar los documentos que sustenten su permanencia en forma legal. En Arizona están afincados alrededor 460 mil migrantes irregulares- la mayoría de origen mexicano- de los cuales aproximadamente 18 mil provienen de los países de la Comunidad Andina.
