Policía de día, hampón de noche: Suboficial PNP alquilaba su arma a criminales por S/ 50.00

Un policía en actividad de la localidad de Barranca, ubicada al norte de Lima, fue acusado de un insólito delito: alquilarle su arma a delincuentes. Por este caso, el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial de tercera PNP Farid Campos Tocas, investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El hecho salió a la luz luego que el agente fuese capturado tras una denuncia. Según las investigaciones, el efectivo habría sido intervenido por sus propios colegas cuando presuntamente participaba en un caso de extorsión contra la propietaria de un restaurante. El requerimiento fue sustentado por el fiscal Erick González Ventura.

Durante las investigaciones preliminares, la Fiscalía descubrió que presuntamente filtraba audios y fotografías de citaciones policiales a los propios hampones investigados.

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Además, el análisis de su celular habría revelado conversaciones sobre el alquiler de armas de fuego por apenas S/50 a bandas involucradas en robos y extorsiones.

Él fue detenido en los exteriores del centro comercial Parque Barranca.

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Al ser interrogado, el agente cayó en contradicciones en su relato, llegando incluso a plantear que había perdido el arma. Sin embargo, a falta de un reporte de extravío, las autoridades decidieron separar al policía.

La investigación se inició tras la denuncia presentada el pasado 14 de agosto por la víctima. Según las diligencias preliminares, el efectivo policial habría remitido un audio y fotografías de citaciones policiales a una persona investigada por extorsión.

Asimismo, la denunciante habría recibido mensajes de texto con presuntas amenazas contra su integridad física, luego de presentar la denuncia y ser atendida por el suboficial.

El caso se encuentra sujeto a las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a ley. El suboficial fue internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones fiscales.

Este escandaloso caso de presunta corrupción policial se da una semana después de que

dos tenientes de la Policía Nacional del Perú fueran detenidos, también en Barranca, tras ser acusados de vender un arma de fuego que le habría sido robada a un suboficial. Los oficiales implicados son Johan Rumay Gamarra y Kevin Sosa Mejía.

EXPULSARÁN A MALOS EFECTIVOS

Al respecto, el ministro del Interior, César Astudillo, declaró que no existe "espíritu de cuerpo" en la Policía Nacional para proteger a los efectivos que utilizan el uniforme institucional con fines delictivos.

Señaló que los malos elementos que manchan y corrompen el uniforme serán expulsados, sancionados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, anunció cambios y fortalecimiento en el Código de Régimen Disciplinario, la Ley de Ascensos y la Ley de Situación Policial para agilizar las sanciones.

Solo de enero a agosto de este año se registraron 139 denuncias por actos de corrupción en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. De ellos, 134 corresponden a la PNP.

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Sin embargo, agosto fue el mes que marcó el nivel más alto del año con 25 denuncias. A ello se suman 260 expedientes en apelación que la Inspectoría General de la PNP elevó al Tribunal de Disciplina Policial. Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos reportados, con 53 denuncias.

CORRUPCIÓN EN CIFRAS

El analista de datos, Juan Carbajal, también se pronunció en cifras sobre la corrupción policial. Sostiene que entre 2024 y 2026 la frecuencia del delito es de 55,4 denuncias por cohecho al mes, 1,82 al día o una coima cada 13,2 horas. "No es percepción, es la cruda realidad", manifiesta.

Lo más grave, añade, es que casi el 90% de los casos (46,6 al mes o 559 delitos anuales) corresponden a cohecho pasivo propio. Esta cifra está muy cerca del récord histórico del 2025 con 609 casos. "Es decir, malos elementos que reciben dinero directamente para romper la ley. Desde el 2024, el promedio mensual no baja de 50 casos".

En los casos de cohecho pasivo impropio (corrupción menor-cobrar por su función), Carbajal dice que se estima promediar 6,2 casos al mes (74 delitos anuales), con ello apunta a ser el segundo peor año del registro.