
El médico legista Edgar Eduardo Poma Condori es investigado como presunto cabecilla de una organización criminal que habría utilizado certificados de defunción y documentación falsa para obtener cobros de seguros y pensiones por alrededor de S/ 22 millones. Según la investigación publicada por el programa dominical Punto Final de Latina, las indagaciones están a cargo de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público y la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro.
El caso involucra a personas que habían fallecido años antes, pero que posteriormente aparecieron afiliadas a sistemas previsionales, con aportes registrados y una supuesta actividad laboral. Según la investigación, luego se consignaba nuevamente su fallecimiento y presuntos familiares se presentaban para solicitar beneficios como seguros de vida, pensiones y gastos de sepelio.
Entre los expedientes revisados por el referido programa, figura el de Josué Valdez Gutiérrez, cuyo fallecimiento original habría ocurrido en febrero de 2003. Sin embargo, un certificado firmado por Poma Condori señaló que murió el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco. Ese mismo año se registraron aportes previsionales a su nombre y, en enero de 2022, se efectuó un pago de S/ 1,3 millones.
La investigación también menciona a César Chura Ticona, afiliado al sistema previsional en mayo de 2020 y declarado fallecido meses después. El seguro previsional desembolsó S/ 941.983,95. Otros casos corresponden a Rosa Pimentel Tapia, fallecida inicialmente en 2013 y vinculada después a un cobro de S/ 88 mil, y César Quispe Arriaga, cuya documentación habría permitido que supuestos beneficiarios recibieran S/ 1 millón.
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De acuerdo con las pesquisas, el mecanismo habría consistido en reincorporar documentalmente a personas fallecidas al sistema laboral y previsional. Después de registrar aportes, se generaba una nueva defunción oficial para que personas presentadas como familiares o beneficiarios gestionaran cobros ante compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones.
Las autoridades también investigan la participación de las funerarias Luz en el Cielo y De Alcázar, además de la empresa Delta Elite Seguridad-Vigilancia, donde figuraban como trabajadores tres personas que ya habían fallecido. Todos los integrantes de la presunta organización fueron detenidos y cumplen 18 meses de prisión preventiva. Los investigadores también buscan establecer si este método pudo utilizarse para registrar como fallecidas a personas requeridas por la justicia.





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