Exigen medidas urgentes contra minería ilegal por uso de niños Wampis como escudos humanos

La minería ilegal que envenena la Amazonía ahora tiene en la mira a los niños. Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) señala que menores de entre 5 y 10 años están siendo utilizados como escudos humanos por organizaciones criminales para evitar las operaciones de interdicción que realizan las fuerzas del orden en la región Amazonas y otras.

Ante este alarmante panorama, el alcalde de Río Santiago, Urias Sharup Yambisa, solicitó acciones urgentes y concretas al Gobierno Central para frenar la minería ilegal, entre otros problemas que afectan su distrito que carece de apoyo y presupuesto.

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Niños wampis utilizados como escudo humano

Sobre el accionar de la minería ilegal, Teófilo Kukush contó a La República que la mayoría de los niños de las comunidades nativas de Fortaleza, Guayabal, Belén y San Juan, ubicadas en la cuenca del río Santiago, en Amazonas, son utilizados para estos fines.

Asimismo, señala que a cambio de dinero, los padres acceden a que sus hijos obstaculicen las operaciones de decomiso y de destrucción de maquinarias utilizadas en actividades ilegales, poniendo en peligro sus vidas.

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“Los profesores también están involucrados con las empresas de mineros ilegales y pueden ser denunciados, ya que conocen la ley del medio ambiente. Ellos tienen la responsabilidad de apoyar a la población y no a quienes dañan el territorio”, sostuvo.

De acuerdo con el líder indígena, esta problemática se presenta desde el año pasado, por lo que lamentó la falta de intervención y preocupación de parte del Estado. Asimismo, señala que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida para detener esta situación que afecta a los niños.

Ante la inacción del Gobierno frente a la minería ilegal, Kukush solicita con urgencia que se declare en estado de emergencia al río Santiago para desalojar a los mineros ilegales que han afectado a su comunidad. “Estoy siendo amenazado por un grupo de sicarios de la minería ilegal y por parte de la población que respalda a estas empresas, solo por denunciar lo que ocurre en estas comunidades. No contamos con el apoyo del Estado”, dice.

Abusos sexuales a menores

Kukush también denuncia que en el territorio wampís se han registrado abusos sexuales contra escolares, y que algunas de ellas han quedado embarazadas como consecuencia de estos hechos.

“La minería ilegal ha traído muchos problemas a nuestra población como la explotación infantil y los abusos sexuales contra niñas y niños. Por ese motivo he salido a denunciar este hecho para que el Perú sepa lo que está pasando en nuestras comunidades”.

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Acciones urgentes

Preocupado por esta situación, el alcalde de Río Santiago, Urias Sharup, solicita al gobierno central intervenir inmediatamente en su comunidad para proteger a las personas más vulnerables: los niños.

Explica a La República que los menores son utilizados para defender las dragas y otros equipos empleados en esta actividad ilegal. Por este motivo, la interdicción de las fuerzas del orden no es efectiva. Agregó que, si los militares y policías ingresan con fuerza, podrían afectar a los niños e incluso provocar desgracias.

“Y lo peor de todo es que los mineros ilegales continúan expandiéndose y poniendo más dragas en diferentes lugares del río. Si esto continúa, será difícil frenarlos”.

“Queremos cerrar las puertas de entrada a los mineros ilegales y trabajar junto al Estado. Ya el Gobierno sabe de este problema, ahora necesitamos acciones efectivas que den resultados con estrategias y con información de inteligencia”, señala.

Pero este no es el único problema. Sharup revela que la información sobre las intervenciones contra la minería ilegal es filtrada desde la misma Policía. Según explica, tanto la población como los mineros ilegales conocen con anticipación la fecha y hora de estas operaciones, lo que les permite prepararse y evadir la acción de las autoridades y utilizar a los menores como escudos humanos.

“Los llaman y los ponen a jugar sobre las máquinas o cerca de ellas”, agrega el burgomaestre.

Por este motivo también exige que se declare en emergencia el distrito de Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

“Queremos financiamiento para los proyectos que presentan las municipalidades en beneficio de las comunidades, como los relacionados con saneamiento, infraestructura educativa y salud. De esta forma podremos construir una sociedad justa y sin minería ilegal, que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la sociedad”, agrega Kukush.

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Sin apoyo del Gobierno regional

En tanto, la vicegobernadora de Amazonas, Leyda Gueiler Rimarachín, alerta que no ha visto una política clara sobre este tema por parte del gobierno regional ni presupuesto destinado para atacar la problemática de la minería. Solo menciona que se han realizado reuniones generales con la población sobre la minería ilegal.

“Es preocupante porque este problema afecta principalmente a los niños, quienes también son víctimas de abusos sexuales por parte de los trabajadores de la minería ilegal. Ellos son los más afectados”, agrega.

Según señala, en 2023 logró establecer una mesa técnica para defensores de los derechos humanos, la cual ya se encuentra operativa y atiende denuncias relacionadas con la vulneración de estos derechos.

Por ese motivo hace un llamado al gobierno central, para que intervenga en estos casos, donde las principales víctimas son niñas y niños, algunos de los cuales se contagian de VIH tras ser agredidos sexualmente por trabajadores eventuales que luego huyen.

Es una cruda realidad que ocurre desde hace 10 años en varias comunidades de la Amazonía, sin que se haga justicia a las víctimas ni se castigue a los agresores que están en libertad.

Mimp sospecha que niños serían víctimas de explotación laboral

Henry Aguilera, responsable de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, indicó a La República que, apenas tomaron conocimiento de lo sucedido en Río Santiago, se contactaron con el Ministerio Público y con las fiscalías especializadas en trata de personas. Explicó que tienen indicios de que los menores podrían estar siendo sometidos a explotación laboral.

Sobre los abusos sexuales a menores, mencionó que la entidad lidera un plan de acción intersectorial que involucra a casi todo el Estado como al Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Sostuvo que estos servicios están priorizados para brindar atención con la mayor celeridad, como la prueba de detección de VIH y el fortalecimiento de las sanciones a los docentes que cometan delitos.