Defensoría plantea Beca 18, atención en salud y trabajo para víctimas y heridos de protestas en Puno
La propuesta será consensuada con la Asociación Víctimas del 9 de enero de Juliaca, donde murieron 18 personas el 9 de enero de 2023.
Luego de las actividades por cumplirse un año del asesinato de 18 personas durante las protestas contra el Gobierno en Juliaca en manos de las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo de Puno lanzó una propuesta de reparaciones a las víctimas y heridos, independientemente de lo que la ley disponga por reparación civil producto del proceso en curso.
La alternativa será expuesta en una próxima reunión con la Asociación de Víctimas del 9 de enero de Juliaca y la organización que agrupa a quienes resultaron gravemente heridos por impactos de bala.
Jacinto Ticona, representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, consideró que en coordinación con el Gobierno regional de la región altiplánica y municipalidades, se debe empezar a trabajar para garantizar acceso a educación a los menores que quedaron huérfanos y, para aquellos que culminaron sus estudios secundarios, habilitar cupos dentro del programa Beca 18 para sus estudios superiores.
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"No se les puede dejar en abandono a quienes no tuvieron nada que ver con este problema, pero que se les ha afectado por la pérdida de sus parientes", dijo.
Ticona precisó que la situación es crítica para quienes perdieron a sus seres queridos, sobre todo si la víctima era el sostén de su familia. Es el caso de la mayoría de fallecidos. En ese marco, consideró que los municipios podrían habilitar, previo diálogo o acuerdo, un puesto laboral exclusivo para un familiar directo de la víctima o herido grave que producto del impacto de bala se le haga imposible desarrollar su vida con normalidad.
¿Cuál es la situación de los heridos durante las protestas en Puno?
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, señaló que la mayoría de los familiares padecen de serios problemas personales y de salud. Indicó que el Gobierno destinó un fondo de ayuda de 50.000 soles para cada familia de los fallecidos y 25.000 soles para los heridos, pero solo se les brindó ayuda económica a 47 de los 252 heridos registrados por el Ministerio de Salud. Los demás no recibieron nada.
Samillán recordó que los heridos asumen su tratamiento sin apoyo de nadie. La mayoría de ellos no puede trabajar porque aún tienen esquirlas alojadas en el cuerpo y les provoca fuertes dolores al caminar.
Para el representante de la Defensoría de Puno, sí es factible encaminar soluciones integrales no solo de las víctimas, sino también para todos los que necesitan tratamiento psicológico o intervención quirúrgica por los disparos de perdigón o bala que recibieron, pero cree que todo va a depender de la voluntad política de todos los niveles del Gobierno.
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