Autocensura: lo que calla el periodismo regional para sobrevivir al crimen organizado
Los periodistas regionales tienen solo dos opciones frente al crimen organizado que impera en sus territorios: el silencio o la exposición al peligro. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reporta 303 ataques a periodistas y medios de comunicación durante el 2022 y advierte que esta situación atenta contra el derecho a la información en el Perú.
El periodismo se ha resignado a la contingencia. Se asume que la profesión trae consigo riesgos y que es mejor aplicar un protocolo de seguridad que discutir lo que sucede. Eso o callar. En el Perú, de acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 80% de ciudadanos se siente inseguro. Para un periodista regional, explicar las razones de esta percepción desde el territorio le podría costar la vida.
Manuel Calloquispe Flores entiende muy bien esto. Hace periodismo en Madre de Dios desde hace 14 años y conoce de cerca cómo actúa el crimen organizado en su región. “Cuando asesinan a un agricultor o defensor ambiental, el hecho de mostrar qué hay detrás es un gran riesgo”, señala. A su vez, explica que los homicidios —usualmente— están vinculados con la minería ilegal que impera en su tierra. “Hacer mi trabajo me ha traído amenazas de quienes operan en La Pampa y de un grupo armado que los resguarda”, añade.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en Madre de Dios es de 12.5% al 2023.
Cada que Calloquispe sale de casa teme que pueda sucederle algo a él o a su familia. El acoso, las amenazas, el hostigamiento y el reglaje lo persiguen desde que decidió hacer periodismo de investigación en el 2011. Pero él no ve una salida a esto más que resistir. “Siempre hay temor. Pasan en moto y me insultan. Me dicen 'traidor, por qué no te vas a Lima'. Tuve que poner cámaras de videovigilancia en mi casa, cambiar constantemente mi ruta, aplicar un protocolo de seguridad”, describe.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), manifiesta que el caso de Calloquispe es una excepción a la regla en el periodismo regional. En su experiencia, la autocensura es el camino que prevalece fuera de Lima por las condiciones de precariedad laboral y autogestión en las que se ejerce el oficio.
“Te puedo decir con absoluta certeza que Madre de Dios es una de las regiones en las que está instaurada la autocensura. Cuando les preguntamos cómo hacen para informar sobre la trata, la minería y el narcotráfico, varios colegas locales nos dicen 'hay cosas de las que no podemos hablar'. Que un periodista local entre a La Pampa es casi ilusorio”, refiere.
Solo en el 2022, la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP registró 303 ataques a periodistas y medios de comunicación, la cifra más alta de las últimas dos décadas. En una entrevista que bordeó los 30 minutos, Lainez enumeró casos en Ayacucho, Apurímac, Áncash, Lambayeque, Tumbes y el VRAEM, donde la organización que preside ha tenido que auxiliar a colegas en diferentes situaciones de riesgo.
Desde Piura, Malú Ramahí, explica la autocensura como un menester al que se ven obligados los periodistas regionales y que poco se comprende en Lima, ciudad en la que se concentran la mayoría de recursos —humanos y económicos— para desempeñar este oficio. Ella tiene 25 años y es periodista de investigación, editora regional de un medio de alcance nacional y madre. Esta última ocupación, cuenta, es la que más la ha hecho reflexionar respecto a su labor como periodista.
“Dicen 'los periodistas de regiones no hacen investigación teniendo tan cerca los temas', pero (no comprenden) que es muy complicado por la falta de protección. Aquí con las justas y te pagan un poquito más que el sueldo mínimo. Les da igual si te pasa algo”, afirma. Ella sigue temas ambientales, de derechos humanos y criminalidad.
En Piura, solo entre enero y mayo del 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 109 denuncias por homicidio.
Ramahí relata que, cuando empezó en el periodismo, temía investigar el crimen organizado en su región. Sin embargo, ahora no considera que callar sea una opción. “Si no se habla, se seguirá afectando el medio ambiente o se seguirá abusando de una chica. Una tiene que ver la forma de gestionar una comisión para no terminar muerta al día siguiente, pero la idea es seguir. Pero, sí, tengo miedo y para investigar debo tomar medidas”, reconoce.
Por su parte, Lainez dice que, si bien la autocensura es una medida necesaria en lo inmediato, a la larga las consecuencias podrían ser irreparables. A esto se suma que, como aún no existen mecanismos adecuados para garantizar la seguridad de los periodistas, hacer una denuncia policial muchas veces tampoco es una alternativa.
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“Tenemos colegas que son constantemente amenazados, hostigados. No solamente por sujetos ligados al hampa, sino muchas veces por efectivos policiales que, lamentablemente, son parte de estas redes de criminalidad”, señala.
El silencio que se ven obligados a guardar muchos periodistas en regiones afecta el derecho a la información de toda la ciudadanía, explica el adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Alberto Cruces. De igual modo, revela que el diagnóstico de riesgo para ejercer el periodismo a nivel nacional es negativo. Esto se da por la estigmatización de la prensa y porque no existen medidas específicas de protección.
“La Defensoría en su momento ya advirtió que no podemos estar en un país que estigmatice constantemente a la prensa por difundir información. ¿Cuál es el problema? Que, si se estigmatiza a la prensa, si se generan mecanismos de censura o autocensura para la prensa, lo único que se logra es que menos información esté disponible y la ciudadanía no pueda tomar decisiones completamente libres”, declara.
El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos que se encuentra en manos del Ministerio de Justicia (Minjus) considera a los periodistas dentro del mismo. No obstante, los resultados son desalentadores. “Lo que te puedo decir acerca del mecanismo hoy es que la experiencia ha sido absolutamente frustrante. Todos los casos que hemos llevado han quedado absolutamente en nada”, asegura Lainez desde la ANP.
Además, resalta que este mecanismo ha revictimizado a los periodistas que han optado por él. “El tener que testimoniar una y otra vez sobre una agresión y ver que ni siquiera pueden activar una mínima medida de protección ha decepcionado a nuestros colegas y nos lleva a descartar esta puerta cuando ocurre alguna agresión”, apunta.
En medio del contexto convulso que atraviesa el país, existe una propuesta multisectorial que busca atender los riesgos característicos de la labor periodística. Si bien no hay garantías de que sea una solución definitiva, resulta urgente plantear nuevas medidas para proteger a los periodistas. Pero, mientras esto se hace posible, los periodistas regionales siguen en la encrucijada de elegir el silencio para sobrevivir o arriesgarse a investigar el crimen en sus territorios.
