Plantean PL contra 'terrorismo urbano', que afectaría derecho a las protestas

El no estar de acuerdo con una entidad o autoridad es un ejercicio que parte de lo individual, muta a lo colectivo y, finalmente, incide en lo público. Esto último, la mayoría de las veces, ocurre en forma de protesta social. Un derecho reconocido por el Estado peruano desde 1993 y que podría verse vulnerado con la aprobación de un proyecto de ley de Renovación Popular que busca incorporar los delitos de vandalismo, vandalismo agravado y violencia urbana.

La iniciativa legislativa del congresista José Carlos Montoya propone dar una condena de hasta diez años de cárcel a quienes atenten contra la integridad física de un efectivo policial, utilicen fuego o explosión, ocasionen daño a los bienes públicos y privados, entre otros.

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Además, pretende imponer una pena no menor de 20 años a quienes “afecten la tranquilidad pública con la finalidad de desestabilizar el sistema democrático del país (…) creando alarma en la población”.

Todo ello, de aprobarse, se sumará a los tipos penales generalmente aplicados para criminalizar a quienes se manifiestan: resistencia a la autoridad, perturbación al orden público, apología del delito e, inclusive, las figuras delictivas de terrorismo.

Para la socióloga de la PUCP Maritza Paredes, este proyecto busca amedrentar a los ciudadanos o “hacer alarde de mayor cohesión y reprensión para las próximas protestas sociales”.

Lo sustentado por la especialista cobra sentido al tener en cuenta que el Código Penal vigente ya sanciona tales acciones, tipificándolos como delitos de “disturbios” y de “grave perturbación de la tranquilidad pública o privada”. Sin embargo, Renovación Popular busca modificar tales artículos por considerarlos insuficientes y pone como sustento, claro, las manifestaciones que exigen la renuncia de Dina Boluarte.

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Ausencia de justicia y mayor represión

Es así que en la propuesta legislativa se mencionan las últimas “concentraciones, bloqueo de vías de comunicación, enfrentamientos con las fuerzas del orden, retención de personas, quema de locales públicos y privados, ataques a medios de comunicación” que hubo en el país. A su vez, se presenta, en forma de titulares, las consecuencias de los enfrentamientos entre los ciudadanos y la PNP.

En referencia a esto, Paredes alerta de que, en una protesta social, por ningún motivo se debe criminalizar al colectivo que participa, sino individualizar las responsabilidades y, sobre todo, revisar la legitimidad de ciertos ataques.

“Es de dominio público la denuncia de infiltraciones de la Policía en las protestas, agentes que se hacían pasar por manifestantes para ‘sembrar’ ciertas armas. Todo con el fin de desprestigiar al colectivo”, precisa.

Por ello, resalta que, si bien todo acto que atente contra los derechos de otras personas debe ser sancionado, así como se castigan los excesos de quienes protestan, se debe hacer lo mismo con quienes reprimen.

“Justo cuando los ciudadanos piden justicia por los fallecidos durante las protestas, el Gobierno aparece con una posición más dura. Este proyecto de ley es lamentable. El Estado debería garantizar el derecho a la protesta y establecer las condiciones adecuadas para su disfrute pleno”, enfatiza.

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La protesta pacífica como derecho

Por su parte, la socióloga Noelia Chávez resalta el valor de la protesta pacífica dentro de un Estado democrático. "La democracia implica pluralidad y discrepancias. En ese marco, las manifestaciones son una forma disruptiva de mostrar un rechazo al gobierno", resalta. En consecuencia, resalta que es deber del país el garantizar el ejercicio pleno de la protesta como derecho.

Asimismo, explica que es natural que en toda protesta social existan elementos no pacíficos, sin embargo, los autores de estos deben ser identificados por la PNP y no caer en "criminalizar" a todos los participantes. "La Policía debe capacitar a los efectivos para que actúen adecuadamente en una protesta. Siempre es un hecho violento especifico y son determinadas personas las que lo realizan, por ello, si se tuvieran estrategias la PNP dejaría de agredir a todo el conjunto de manifestantes", precisa.

Todo ello teniendo en cuenta que se ha demostrado que el exceso de represión policial incrementa el uso de elementos no pacíficos en una protesta.

"En el Perú, las autoridades reprimen en gran medida la expresión de elementos verbales y, sobre todo, simbólicos. Por ejemplo, no se permite el pase a los exteriores del Congreso, Palacio de Gobierno ni a la Plaza San Martín. Todos estos espacios son públicos y de libre tránsito, sin embargo, esto cambia cuando hay manifestaciones", explica.