PJ ordena a la Municipalidad de Lima colocar cerco en la iglesia San Francisco

Luego de que la Municipalidad de Lima, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, derrumbaran la reja perimétrica de la iglesia San Francisco como parte de los trabajos de peatonalización en la vía pública, lo cual denunció la orden franciscana, que impuso una acción de amparo contra la comuna por lo cometido; el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Lima, concedió la medida cautelar y ordenó la reposición del cerco.

“Se ordena que, de manera provisional, las emplazadas implementen un cerco temporal en los alrededores del Conjunto Monumental San Francisco, que abarque los espacios que resguardaba el muro perimétrico derribado, a efectos de proteger los bienes culturales integrantes del conjunto monumental, el mismo que, además, deberá permitir la libre circulación del público afluente, conforme se ha venido realizando hasta antes de acaecidos los hechos”, señala la resolución.

Además, indica que la MML se deberá abstener de “realizar cualquier tipo de acto o intervención respecto del Conjunto Monumental San Francisco, lo que incluye la plazuela de San Francisco, hasta que se culmine la tramitación del proceso principal o hasta que la obra autorizada por el Ministerio de Cultura, mediante la resolución directoral, cuente con un Estudio de Impacto Patrimonial y un Plan de Monitoreo Arqueológico”.

El derrumbe se dio la madrugada del pasado 5 de febrero y los franciscanos señalaron que la comuna limeña no les notificó sobre los trabajos, ni se instauró una mesa de diálogo para acordar las condiciones. Además, mencionaron que hubo uso de violencia contra ellos.

“Ya habían derribado dos columnas. Empezó la violencia, nos arremetieron con sus varas, cascos. Intentó agredirme el capitán de la PNP Guillermo Mendoza Menacho”, manifestó fray Rafael Hurtado. Agregó que participaron cerca de 400 personas, entre personal del municipio limeño y de la Policía.

El dictamen es de ejecución “inmediata” y, de no cumplirse, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional advirtió que los funcionarios podrían ser denunciados por el “delito de desobediencia a la autoridad”.