Ordenan captura de exfuncionario de municipio de Callayuc por delito de peculado

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque revocó la resolución que declaró fundado el cese de prisión preventiva contra Ronald Bertil Quispe Quispe, exresponsable de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Callayuc (región Cajamarca), por el presunto delito de peculado por apropiación. Es así que, el tribunal dispuso que se oficie a la Policía Nacional las ordenes de captura contra el investigado.

Resolución

El 28 de diciembre de 2021, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, declaró fundado el pedido de cese de 18 meses de prisión preventiva a favor de Quispe Quispe, y dispuso que afronte el proceso en libertad con comparecencia con restricciones y un pago de S/3.000.

Para el Ministerio Público, entre el 19 y 20 de octubre de 2020 el exfuncionario Ronald Quispe Quispe participó en la transferencia electrónica S/ 5 400 000 a favor de la empresa CSA Development SAC, S/ 2 214 222 a la empresa Ythamar SC Consultores y Constructores EIRL y S/ 1 246 845 a favor de Annie Chirly Matos Andrade.

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La tesis del Ministerio Público apunta a que las empresas y la referida ciudadana no eran proveedores de la comuna de Callayuc, y que el dinero fue transferido con el propósito de que funcionarios y terceros sean beneficiados con recursos públicos.

Las transferencias de dinero se hicieron por supuestos servicios en la obra Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado San José de Lirio (S/6 861 067) y en el proyecto Mejoramiento de transitabilidad del tramo de la carretera empalme ruta PE 3N Las Juntas (S/ 2 000 000). De esta manera, se hizo un desembolso total de S/ 8 861 067 por ambas obras.

A Quispe Quise se le acusa de realizar estos actos ilícitos en coordinación con José Montenegro Cabrera (alcalde de Callayuc), Percy Edilberto Pintado García (exjefe de Planificación y Presupuesto) y Marin Guevara Vásquez (servidor público). Para todos ellos, el Ministerio Público pidió 12 años y 8 meses de prisión efectiva.

Estos funcionarios son acusados de haber tenido las claves para realizar las transferencias electrónicas a favor de proveedores, las cuales fueron registradas mediante los expedientes SIAF n.° 910, 911, 912, 913, 914 y 915, la certificación y el compromiso anual y los pasos previos para la ejecución del pago.

Acusación fiscal

Karim Ninaquispe Gil, fiscal a cargo del caso, ha solicitado 25 años y 4 meses de prisión efectiva para Annie Chirly Matos Andrade por peculado y lavado de activos. Además, plantea 12 años y 8 meses de cárcel por lavado de activos para las siguientes personas: Silvia Alfaro la Torre, Ricardo Serquén Solano, María del Pilar Serquén Solano, Carlos Alberto Serquén Solano, Manuel Encarnación Serquén Solano, Fátima Rocío Cruz Zapata, Rómulo Martín Díaz Mejía y Juan Manuel Camacho Roca.