Tras una investigación de La República y Connectas se pudo comprobar que en la provincia iquiteña de Mariscal Ramón Castilla (MRC) hay narcotraficantes que trabajan bajo la modalidad de narcobenefactorados. Este mecanismo permite que las comunidades indígenas y campesinas los dejen operar mediante el ‘derecho a la comunidad’, una especie de pago de tributos para obras y acciones sociales.
Por tal motivo, en la siguiente nota te mostramos quiénes son y cómo trabajan estas organizaciones de tráfico ilícito de drogas, que tras la ausencia del Estado han logrado ganar territorio en las zonas amazónicas del Perú.
Como se mencionó en líneas anteriores, estos narcotraficantes —quienes transforman la hoja de coca en cocaína— han encontrado un mecanismo para legitimar su actividad ilícita en los territorios donde operan. Para ello, realizan una especie de pago conocido como el ‘derecho a la comunidad’.
De esa forma, estas organizaciones de tráfico de drogas realizan una retribución económica por el terreno utilizado para cultivar hoja de coca. Así, surge la figura del narcobenefactor.
En el caso de la provincia Mariscal Ramón Castilla (MRC), ubicada en la frontera peruana con Brasil y Colombia, el pago se puede dar de muchas formas: en algunos casos se paga un monto por cada arroba de hoja de coca extraída y en otros una mensualidad previamente establecida con los representantes comunales. Sin ser grandes sumas de dinero, estos ingresos resultan determinantes para la comunidad.
El trabajo de investigación en mención logró identificar siete obras construidas bajo esa dinámica: dos locales comunales, un comedor, un estrado, una losa deportiva y dos colegios con refacciones. Además, se pueden cubrir los gastos de las familias que caen en desgracia, ya sea porque alguno de sus miembros enferma o fallece.
Conoce más de este trabajo realizado por la Unidad LR Data en en el siguiente link.