Chiclayo: proyecto que sanciona la prostitución implica pago de multas
Norma que busca amonestar a personas que favorecen actividad clandestina recibió informe favorable de la Gerencia de Fiscalización de la MPCh.
Un proyecto de ordenanza para imponer multas a quienes ofrezcan, soliciten o favorezcan la prostitución fue presentado ante el consejo provincial de Chiclayo (región Lambayeque). Milko Cabrera Mechán, gerente de Fiscalización, precisó que su despacho emitió un informe favorable a dicha propuesta.
Cabrera Mechán indicó a La República que la problemática de la prostitución se agudizó con la pandemia del coronavirus, y que lo más preocupante es la participación de menores de edad en esta actividad. Aseguró que el proyecto de norma será importante y espera su aprobación en el pleno provincial.
“Esta norma busca imponer entre dos a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a los personas que ejerzan la prostitución. Las sanciones son para las personas que hacen esta actividad, así como clientes o dueños de hoteles y hostales. Fiscalización ya ha emitido un informe favorable a este proyecto ”, comentó.
El funcionario de Fiscalización sostuvo que el proyecto de ordenanza sanciona administrativamente la prostitución y se basa en un cuadro de infracciones con diversas multas de UIT. Sin embargo, ante casos graves relacionados a esta actividad, se pedirá la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Cifras proporcionadas por la Gerencia de Fiscalización señalan que, durante el año 2021, 10 hoteles del centro de Chiclayo fueron multados y clausurados temporalmente por favorecer la prostitución clandestina.
“Los operativos contra la prostitución son constantes, pero esta norma será importante para la sanción administrativa de los infractores. Es lamentable recibir denuncias de menores o (de personas) extranjeras realizando esta actividad. Para los hoteles infractores y clausurados en el 2021, se sigue un trámite administrativo para la anulación de sus licencias de funcionamiento”, señaló.
Agregó que en coordinación con la Policía y la Fiscalía realizan un trabajo de seguimiento a las menores que ofrecen servicios sexuales en la vía pública, así como a las personas que solicitan los mismos.