Cusco. Dirigentes de los pueblos originarios del Bajo Urubamba se encuentran en Lima a la espera de una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pactada para este 6 de enero.
La comunidad nativa de Camaná, ubicada en el ámbito del proyecto Camisea, en el distrito de Megantoni (La Convención), amenaza con protestas. Su jefe, José Cruz Pacaya, dijo que están dispuestos a cerrar las válvulas de gas. En el 2019, ya lo intentaron.
Acusan a la empresa TGP (Transportadora de Gas del Perú) y Pluspetrol (operador del Consorcio Camisea) de un supuesto incumplimiento de compromisos sociales y ambientales.
“Esperamos llegar a un acuerdo porque ya hemos esperado bastante”, dijo Cruz. Uno de sus reclamos es la indemnización por los efectos del derrame que se produjo en enero del 2016.
Según el dirigente, recién en 2020 accedieron al informe completo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que certificaría el daño.
Según sus dirigentes, la comunidad nativa carece de puestos de salud, saneamiento básico y electrificación. Al igual que en todas las comunidades de Camisea, cocinar a gas (gas licuado de petróleo) es considerado un lujo. El balón supera los S/ 120.
En un comunicado, TGP aclaró que no ha generado ningún daño ambiental en la comunidad nativa de Camaná y realizó sus descargos sobre este caso.
Comunicado TGP. Foto: TGP