Pedidos que no son escuchados: la Red de Ollas Comunes de Lima rechaza dictamen que impulsa el Congreso

No están de acuerdo. La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, a través de un comunicado, rechazó varios puntos del dictamen que se aprobó el último martes en la Comisión de Inclusión del Congreso. Sus integrantes, en comunicación con La República, explicaron las razones por las que están pidiendo que el texto regrese al grupo de trabajo y no sea ratificado este jueves 28 de octubre en el Pleno descentralizado en Cajamarca.

Abilia Ramos Alcántara, presidenta de la Red de Ollas de San Juan de Lurigancho (SJL), dijo que es fundamental unificar el registro que tienen las municipalidades y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a fin de transparentar los datos sobre el número de organizaciones vecinales que se tienen en Lima. Sin embargo, este pedido ha sido omitido en la nueva Ley de Ollas Comunes y por el contrario insiste en que los municipios continúen a cargo de la relación de estas agrupaciones.

La líder social, en parte, también se siente preocupada con esta condición, pues varias municipalidades cargan con denuncias por irregularidades al momento de entregar alimentos para los más vulnerables de sus distritos.

“Lo que se pide es que haya un solo registro desde las municipalidades y el Midis para tener un conteo actualizado. Cuando empezamos a geolocalizar a las ollas, había muchas que no estaban en los registros de los municipios”, advirtió la mujer, quien antes de pertenecer a esta agrupación trabajaba en una ONG como promotora social.

Entre su pliego de solicitudes también está la prorrogación de la emergencia alimentaria hasta un año después de la pandemia de la COVID-19. En el reciente texto, que ha sido aprobado al “caballazo” según las propias protagonistas, este punto no es claro, por lo que no se sienten respaldadas.

“Hemos pedido que se extienda un año más la emergencia alimentaria, porque también la gente se va a demorar en regresar a sus trabajos, y algunos ya no regresarán porque son adultos mayores”, subrayó Ramos Alcántara.

Por su parte, Fortunata Palomino Barrios, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, lamentó que el nuevo dictamen contemple alimentos no perecibles de procesamiento primario o industrializados, y no comida que se adquiera directamente de los productores, los cuales son, de acuerdo a ella, “más frescos, sanos y nutritivos”.

Solo se quedarán durante la emergencia sanitaria

Ambas líderes sociales recalcaron que el objetivo de la agrupación no es quedarse en estas ollas comunes, sino que esperan reincorporarse al sistema laboral lo más antes posible. Detallaron que muchas de las integrantes, que son el sustento en su familia, fueron despedidas de sus empleos en plena pandemia del nuevo coronavirus.

“Estamos capacitándonos, actualizándonos, para continuar nuevamente. Algunas son enfermeras técnicas, otras profesoras, confeccionistas. Como los despidos fueron masivos, muchos se han visto perjudicados”, comentó Palomino Barrios.

“Nosotros no queremos convertimos en comedores populares, o quizá una que otra sí. Pero lo que realmente queremos es que se reactive el trabajo, que nos den capacitaciones para generar trabajo. No siempre queremos depender del Estado”, aclaró Ramos Alcántara.

¿Cuál es la diferencia entre las ollas comunes y comedores populares?

Para la encargada de la Red de Ollas de SJL, los comedores populares, además de estar en las zonas bajas, cuentan con un espacio formal y están totalmente equipados. Caso contrario ocurre con las ollas comunes, ya que están ubicadas en lugares de difícil acceso y donde generalmente no hay agua. Asimismo, este segundo grupo, que nació en medio de la emergencia sanitaria, no cuenta con un presupuesto mensual que asegure los alimentos a los más 247.000 ciudadanos que recurren a ellas todos los días.

“Las ollas comunes no hemos tenido un presupuesto en este año y medio de pandemia, seguimos cocinando al aire libre, con leña, nos seguimos autogestionando. Lo que ha venido es por medio de Qali Warma, que alcanza para dos días de cocina”, precisó la enfermera técnica.

Exigen aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria

El proyecto de Ley N° 25 que declara la Emergencia Alimentaria en el ámbito nacional fue elaborado el año pasado por las organizaciones vecinales de varios distritos y por la hoy presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilin. Sin embargo, recién este 2021 fue presentado ante el Legislativo por la congresista de izquierda, Sigrid Bazán. Luego de varias semanas y reclamos, el documento fue incluido en la agenda parlamentaria de la Comisión Agraria.

Una vez allí, el texto fue modificado sin consultar a las trabajadoras sociales que han estado en primera línea durante la pandemia del nuevo coronavirus. Ahora, el dictamen se encuentra en la Comisión de Inclusión. A la fecha, hay 2.444 de estas agrupaciones en 17 distritos de Lima. Niñas, niños, adolescentes, adultos y ancianos son los principales beneficiarios de esta iniciativa.

“En esta legislatura nos están dando muchas vueltas y no sé cuál es el criterio. Nosotros hemos salido a luchar para la población en medio de la pandemia, igual que los médicos, policías, bomberos. A nosotros nunca nos ha llegado un kit de bioseguridad, aseo, ni siquiera un paquete de lejía. Con nuestros propios recursos hemos salido adelante”, lamentó Palomino Barrios.