Tras el operativo donde se detuvo al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y otras 13 personas, entre funcionarios, consejeros regionales, dirigentes y policías, por presuntos delitos contra la administración pública, el Ministerio Público realizará la verificación de al menos 350 evidencias.
El fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva fue el encargado de proporcionar la cifra. El magistrado lideró el equipo a cargo de revisar lo incautado durante el allanamiento en las viviendas de los detenidos y las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa. Entre los bienes hay documentos, equipos celulares, memorias USB, entre otros.
Para concluir con la revisión de todo lo incautado, a la labor realizada por los fiscales anticorrupción se sumarán 25 magistrados del área penal para apoyar, cinco por día, conforme a la disposición del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Santiago Irigoyen Díaz. La medida es en atención a la política institucional de lucha frontal contra la corrupción.
Asimismo, el Ministerio Público rechazó la divulgación de audios vinculados al caso y negó que ello se haya producido por parte de algún personal de la institución. Al respecto, la fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, solicitó informes para esclarecer lo ocurrido, considerando la reserva de toda investigación.