Cajamarca: piden prisión preventiva para servidores del INPE por presunto cobro de coimas
Fiscalía solicitó 36 meses de cárcel provisoria para los supuestos integrantes de organización criminal Los Piaras de Huacariz.
El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial que se dicten 36 meses de prisión preventiva para 12 de los 21 presuntos miembros de la organización criminal Los Piaras de Huacariz, que operaba en el penal de la ciudad de Cajamarca.
Medida
Esta supuesta organización criminal operaba desde el 2015 al dar beneficios indebidos a los internos a cambio de dádivas. Estaba integrada por funcionarios y servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El requerimiento de cárcel provisoria fue presentado por Marco Rafael Terán Arribasplata, fiscal de crimen organizado de Cajamarca, y será evaluado por la jueza Sandra Sosa Alarcón, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria.
La medida coercitiva busca ser impuesta para Hugo Lalopú Sernaqué, José Edgar Burgos Bobadilla, Dany Richard Lluncor Castillo, Benigno Martín Cisneros Vallejos, Danilo Avelino Quispe Sánchez y Aderlin Taylor Muñoz Baltodano.
De igual forma, se pretende imponer para Cesar Augusto Carrasco Montoya, Heber Alonso Santos Cano, Carmen Esther Guzmán Torres, Jose Palomino Cruz, Henry Frank Bernabé Oliveros y César Augusto Barco Amay.
Todos ellos cumplían detención preliminar de 10 días tras haber sido detenidos en un megaoperativo realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público el 20 de julio.
En el caso de los servidores César Barco Amay y Heber Santos Cano, ellos fueron detenidos en los distritos lambayecanos de Pomalca y Chiclayo, respectivamente.
Líder prófugo
Para la Fiscalía, Edwin Frank Ortiz Marreros (prófugo) lideraría esta red criminal debido a que se valía de los cargos que ostentaba al interior del penal de Cajamarca para cometer delitos contra la administración pública en coordinación con agentes de seguridad y alcaides a fin de hacer efectivo el cobro de los beneficios otorgados a los internos.
Entre los favorecimientos dados a los reos se determinó el ingreso, la posesión y el uso de equipos celulares, con los cuales los internos ejecutaban actos ilícitos en agravio de la población bajo la modalidad de estafas.
