Estado peruano tendrá que responder ante la ONU por tortura y discriminación a mujer trans
Dos policías se negaron a auxiliar a Yefri Peña, una mujer trans peruana que sufrió un intento de homicidio en 2007. Luego que la justicia le diera la espalda, Perú es ahora denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la tortura y discriminación en su contra.
Aunque las cicatrices más marcadas las lleve en el alma, su cuerpo también está lleno de ellas, huellas imborrables de la madrugada del 28 de octubre de 2007, el día en que Yefri Peña Tuanama, activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, sobrevivió a un intento de asesinato por el simple hecho de ser quien es: una mujer trans.
Era alrededor de las 3.00 a. m. y Yefri se encontraba esperando un taxi, en el distrito de Ate Vitarte (Lima), tras finalizar su jornada laboral como promotora de salud sexual del Ministerio de Salud (Minsa). De pronto, cinco sujetos la atacaron con puñetazos y patadas mientras le lanzaban insultos homotransfóbicos. Uno de ellos aprovechó para sacar una hoja de afeitar y cortarle el rostro.
Con las pocas fuerzas que le quedaban y, pese al pánico que la embargaba, logró huir. Buscó desesperadamente ayuda y llegó hasta un puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP) llamado Tagore, donde se encontraban los agentes policiales Henry Gamboa Huamán y José Ybias Altamirano, quienes se negaron a auxiliarla, así como a detener e identificar a sus atacantes. Por el contrario, la respuesta burlesca que recibió de uno de ellos fue: “No te vamos a ayudar, soluciona tu problema en otro lado”.
Ella tuvo que seguir buscando auxilio, ya que sus agresores la estaban persiguiendo, y fue así que llegó al bar Oasis. Una vez allí, se escondió detrás de la barra, pero los cinco sujetos la encontraron y la jalaron de los cabellos hasta la pista de baile, la tiraron al suelo y, con los vidrios rotos de las botellas, le provocaron cortes en la espalda, codo, manos y otras partes del cuerpo.
No se cansaban de decirle una y otra vez que personas como ella no debían existir, además de otras frases peyorativas contra su identidad de género. Todo ello ocurría, según declaraciones de Yefri, ante la presencia de los efectivos policiales que observaban desde las afueras del local cómo la torturaban.
El objetivo era uno: matarla. A pesar de que Yefri Peña fingió estar muerta, uno de los atacantes, al notar que aún respiraba, utilizó el pico de una botella para infligirle un profundo corte desde la comisura del labio hasta el pómulo izquierdo, brutal ataque que la dejó desfigurada.
Cuando por fin creían que habían cumplido con su cometido, huyeron del bar. Pero la violencia sistemática no acabó aquí, pues, una vez en el hospital, las enfermeras se negaron a atenderla pese a que lo necesitaba con urgencia. Cuando llegó su mamá, una de ellas le dijo: “¡Señora, límpiela. Nosotros no vamos a limpiar a su hijo!”, haciendo caso omiso a su expresión de género. Incluso, al día siguiente, cuando la activista pidió agua, el personal le dio alcohol.
Luego de más de siete horas de ser sometida a cirugías, en las que resultó con 180 puntos en todo su cuerpo, Peña permaneció casi un mes en semicoma. Hoy vive para contarlo. “No me siento protegida en este país. No me siento con ninguna garantía por parte del Estado”, sentenció anteriormente la agraviada para el diario La República. Y no son casualidad sus declaraciones, ya que vivió en carne propia cómo la impunidad y el odio se hicieron presentes tras la tortura de la que fue víctima.
Prueba de ello fue que los efectivos policiales Gamboa e Ybias fueron condenados por el delito de omisión o retardo injustificado de apoyo policial en agravio del Estado con cuatro años de pena de cárcel; sin embargo, Yefri Peña solo fue considerada una testigo y no como agraviada, por lo que no obtuvo reparación alguna. Por eso, en 2015, junto con organizaciones sociales, presentó una demanda por tortura contra dichos policías, pero la Fiscalía desestimó la denuncia alegando que solo se trataba de lesiones graves y el Poder Judicial declaró la prescripción penal del caso. Hasta hoy, los cinco agresores continúan libres sin haber sido identificados.
Una luz de esperanza
Casi 14 años después de lo sucedido, la también fundadora de la Casa Trans Lima Este vuelve a tener la esperanza de obtener finalmente justicia en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El pasado 14 de junio, el órgano internacional notificó a sus representantes legales del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Synergía - Initiatives for Human Rigths que admitió la demanda interpuesta contra el Estado peruano por la tortura y discriminación basadas en la expresión e identidad de género de Yefri Peña, y que, además, trasladarán el pedido a Perú para que este declare su posición sobre la admisibilidad.
“Buscamos que haya una reparación integral para ella por los daños causados y que se reconozca que el Estado Peruano no cumplió con su deber de garantizar los derechos de las personas LGTBI+, y no solo los derechos de Yefri como persona específica”, explicó Gabriela Oporto Patroni, coordinadora del área de litigio de Promsex y defensa de este caso.
La abogada constitucionalista indicó que es importante que se reconozca que las violaciones de derechos que sufrió Peña no se debieron a “hechos fortuitos” o por negligencia, sino que fue producto de las “prácticas sistemáticas que tienen explicación en la discriminación estructural que sufrimos las personas LGTBI en el Perú”. Es así que, solo cuatro meses después del intento de homicidio a Yefri Peña, el 25 de febrero de 2008, Azul Rojas Marín, una mujer trans, fue violada y torturada por tres policías luego de ser detenida arbitrariamente, en el distrito de Casa Grande, en la región de Trujillo.
Por ello, en abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció que Perú era responsable por la violación de derechos de una persona LGTBI+. En su sentencia, constató que la violencia contra esta población era y es un patrón generalizado en todas las esferas sociales del país. “En la sociedad peruana existían (en el momento de los hechos ocurridos en 2008) y continúan existiendo fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en algunos casos llevan a la violencia”, concluyó. Asimismo, confirmó que estos ataques, en algunas ocasiones, son cometidos por “agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional y del serenazgo”, tal y como sucedió con Yefri Peña, en el 2007.
Por otro lado, la litigante Gabriela Oporto destacó que buscan que el Comité de la ONU formule recomendaciones al Estado peruano —esas que continúa sin cumplir tras la sentencia en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú— que le ayuden a “combatir la impunidad en que, generalmente, quedan los actos de violencia y discriminación contra las personas LGTBI+”.
En ese sentido, recordó la Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI, hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017, que reveló que solo el 4,4% de personas agraviadas por violencia denunció la última situación discriminatoria sufrida, pues la mayoría pensaba que era una pérdida de tiempo porque, probablemente, quienes les iban a atender considerarían que “no es grave o que se lo merecen”.
La transfobia continúa matando
Durante el año 2020, los medios de comunicación reportaron un total de seis presuntos transfeminicidios en el Perú. En todos los casos, las muertes fueron violentas e involucraron actos de tortura como golpes, marcas, atadura de manos o pies. No obstante, esta cifra no refleja la cantidad real de crímenes de odio contra esta comunidad, ya que el Ministerio Público no cuenta en la actualidad con un registro sobre las denuncias en las que se tome en cuenta las variables identidad de género y orientación sexual, a pesar de que la Corte IDH ya le ha ordenado al Estado peruano que implemente un sistema de recopilación y producción estadística de violencia por prejuicio contra las personas LGTBI+.
Del mismo modo, con la llegada de la pandemia por la COVID-19, la pobreza y la exclusión a las que eran sometidas las personas trans se agudizó. El ‘pico y placa de género’ dispuesto por el Gobierno, en el que estableció que ciertos días específicos saldrían las mujeres y hombres de forma individual, generó que se perpetraran 17 casos de violencia contra dicha población, según lo recogido por Miluska Lusquiños, coordinadora nacional de RedLacTrans en Perú. Estos comprendieron detenciones arbitrarias porque el nombre legal que aparecía en sus documentos de identidad no coincidía con la expresión de género de ellas; retención del DNI; prohibición de tránsito a supermercados y farmacias; y maltrato psicológico. Además, esta comunidad no fue incluida en la entrega de ningún bono estatal.
Esta situación evidenció la falta de capacitación con enfoque de género a efectivos policiales, quienes históricamente han discriminado y violentado a personas LGTBI+ en el país. Por ese motivo, el año pasado, la Corte IDH ordenó, tras su sentencia histórica a favor de Azul Rojas, que el Estado peruano debía implementar esta formación no solo para agentes de la PNP, sino también para miembros de la Fiscalía y Ministerio Público.
Perú tiene deudas pendientes tras la sentencia de la Corte IDH
Cabe recordar que Perú está adscrito a tratados internacionales, entre ellos el de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías de que sean respetados los derechos humanos. Sin embargo, en el caso de Yefri Peña, el Estado peruano no previno ni sancionó la tortura que perpetraron contra ella, con lo cual se habrían violado los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Del mismo modo, las categorías identidad de género y expresión de género que son protegidas por el órgano internacional no fueron tomadas en cuenta por las autoridades durante el proceso legal para determinar oportunas medidas sancionadoras. En efecto, “el Estado no puede discriminar a una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género”, sostiene la Corte IDH, por lo que el Perú habría violado los artículos 1 y 24 de la Convención.
Por lo pronto, a Perú le queda un largo camino para avanzar en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y apuntar hacia un país inclusivo. Mientras tanto, el Estado tiene pendiente cumplir con las obligaciones ordenadas por la Corte en el caso de Azul Rojas Marín. Entre esas recomendaciones figura el reconocer públicamente su culpabilidad, investigar y sancionar a los responsables de la tortura y violencia sexual contra la joven trujillana; brindar asistencia médica y psicológica a la agraviada; elaborar un protocolo de investigación y administración de justicia para procesos penales, en los que se encuentren vinculadas personas LGBTIQ+ víctimas de violencia, entre otros.
* Este artículo periodístico fue presentado como trabajo final del Diploma en Derechos Humanos para Periodistas, dictado por la Corte IDH.
