Defensoría: No se debe dejar de luchar contra el trabajo infantil durante la pandemia
La entidad enfatizó el abandono escolar de muchos menores por tener que trabajar o ayudar con los quehaceres de la casa ante la crisis.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que exhortó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vilnerables (MIMP) a la modificación de la relación de trabajos peligrosos para adolescentes, así como a la adopción de medidas que contemplen el actual contexto de la pandemia y sus implicancias para los menores que trabajan.
“Si bien en el Perú se han dado avances en la lucha contra el trabajo infantil, cabe indicar que, ya desde el 2020, el 55,7% de niñas, niños y adolescentes que trabajaban señalaron que no asistían a sus centros de estudios debido a problemas económicos o familiares”, indicó la defensoría.
En la publicación, la entidad hizo mención a un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el que se señala que la principal razón por la que el grupo etario de 6 a 16 años no se encontraba matriculado en el colegio radicaba en la necesidad de dedicarse a trabajar o apoyar a sus familias con los quehaceres del hogar.
Dicha problemática, de acuerdo a la Defensoría, “se condice con la crisis económica que vive la gran cantidad de familias en el país a consecuencia de la pandemia, ya que de acuerdo a diversos estudios, dicho contexto ha incrementado las condiciones de pobreza y pobreza extrema de madres, padres y cuidadores debido al desempleo, la informalidad, el cierre de los negocios, la reducción de salarios, así como la propia enfermedad”.
Ante esta realidad, en el pronunciamiento, se pide al Estado que realice todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que implica actualizar la mencionada relación de trabajos peligrosos y reforzar los mecanismos de supervisión e inspección del trabajo infantil, entre otras medidas.
“La Defensoría del Pueblo reitera la obligación que tiene el Estado en todos sus niveles de gobierno de garantizar los derechos a la educación, salud y desarrollo progresivo de niñas, niños y adolescentes, especialmente de aquellos que realizan actividades económicas que ponen en riesgo su integridad”, concluye la entidad.