ICCGSA y el adelanto de S/ 19 millones que le dio el Gobierno Regional de Arequipa

La construcción del tramo III de la Variante Uchumayo, siempre estuvo llena de cuestionamientos. Ahora el Ministerio Público investiga a la exgobernadora regional Yamila Osorio por presuntamente pedir una coima para adjudicar dicha obra a ICCGSA. Pero antes, Contraloría ya advirtió otras irregularidades que habrían favorecido a la contratista, como otorgarle un adelanto de S/ 19 millones 500 mil, que no se ajustó a ley.

La auditoría de Contraloría 629-2018-CG/MPROY-AC observó el pago y desarrolla los hechos. El contrato entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) e ICCGSA, se firmó el 16 de diciembre del 2015. El 28 de diciembre de aquel año, la entidad regional transfirió S/ 19 millones 500 a ICCGSA por el concepto de materiales, para el inicio de obra. Sin embargo, faltaban dos elementos que impedían empezar los trabajos: la supervisión de obra y la disponibilidad del terreno. Por este último inconveniente, la obra recién inició en setiembre del 2016.

Los dos aspectos mencionados, son exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado para iniciar una obra, también fueron remarcados en las bases del proceso de licitación. Pero el GRA allanó el camino a ICCGSA, con acciones observadas por Contraloría: entre el 22 y 23 de diciembre del 2015, se designó un inspector de obra y se firmó un acta de entrega de terreno. Pero ambos hechos eran irregulares.

El acta de “entrega de terreno”, mencionaba que había predios en proceso de expropiación. Este hecho recién se subsanó en julio del 2016 y el 11 de setiembre del mismo año, ICCGSA pudo empezar las obras. Pasaron más de 8 meses desde su pedido de inicio de trabajos. Para la Contraloría, el adelanto de S/ 19 millones 500 mil solo dio liquidez a la empresa, además le generó un interés favorable de S/ 363 mil 923.

También se observa la designación del inspector. Contraloría indica que por el monto de la obra, superior a S/ 92 millones, correspondía una empresa supervisora, que recién se contrató el 22 de enero del 2016. El GRA habría nombrado al inspector para forzar una fachada de legalidad para el inicio de obra, y así abonar los S/ 19 millones 500 mil.

Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en César Ramos (exgerente regional de Infraestructura), Edy Ñaca (exgerente regional de Supervisión y Liquidación) y Víctor Gonzáles (exinspector de la obra). La actual procuradora Rosa Vallejos, desconoce si se entabló algún proceso judicial contra los mencionados.