Mary Loayza (36) dejó de pagar su deuda bancaria con el inicio de la pandemia. Tiene un trabajo de medio tiempo y un emprendimiento en ciernes que paralizó por el confinamiento. Sus ahorros servirían para gastos básicos: alimentación y salud. Muchos peruanos optaron por el mismo camino: la sobrevivencia.
Ahora una ley estatal trata de darles una salida para que reprogramen sus compromisos financieros aunque algunos no cumplen requisitos. La ley 31050 establece un aval del Estado por 5 mil quinientos millones de soles por las deudas reprogramadas. Si el cliente no paga, el Estado cubrirá la pérdida a la entidad financiera. Una condición, es que los bancos bajen la tasa de interés.
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La renegociación depende de los topes fijados a los prestatarios interesados. Por ejemplo, un primer grupo corresponde a los créditos personales o de consumo, con un saldo máximo de 10 mil soles en todo el sistema financiero. Otro sector serán las Mypes cuyo saldo en el sistema, no exceda los 20 mil soles.
También se incluye los préstamos vehiculares, con un crédito inicial menor a 50 mil soles. Asimismo, las hipotecas de vivienda, con crédito inicial inferior a 250 mil soles. En todas las situaciones, los usuarios deben haber sido buenos pagadores hasta el 29 de febrero.
Mary Loayza quedaría fuera del programa. Tiene dos créditos personales en diferentes bancos, que suman 13 mil soles. El dinero lo utilizó para un emprendimiento de comida ahora estancado. En junio ya conversó con una entidad para reprogramar los pagos, pero las condiciones no le satisfacían. Ha decidido esperar a que la economía mejore, mientras, continúan los llamados de las entidades de cobranza y el riesgo de ser reportada a una central de morosidad.
Un sector que tampoco calificaría por su monto de deuda, está agrupado en la Asociación de Deudores Financieros del Perú (ADEF), compuesto por varios medianos y pequeños empresarios. Su representante en Arequipa, Yurmet Machaca, no accedería por el monto ni destino del crédito. Tiene una hipoteca por 280 mil soles, no dirigida a vivienda, sino a negocio. Ella alquila vehículos a contratistas mineros. La hipoteca la utilizó para honrar pagos. Carecía de liquidez pues una empresa aún le adeuda 210 mil soles por un servicio.
El presidente de ADEF, César Huasaca, es un empresario del calzado. Indica que hasta abril pagaba sus cuotas, pero después ya no hubo solvencia. Refiere que el principal requerimiento de ADEF es tiempo y rebaja del interés. Llegaron a pedir un congelamiento por 9 meses y que el Banco Central de Reserva (BCR) compre su deuda, para luego pagarla a través del Banco de la Nación y con bajo interés.
El economista Glenn Arce, considera que la ley resuelve una parte del problema, que pudo haber aplicado al íntegro de la deuda de créditos personales y de consumo. En caso de saldos mayores, como las de ADEF, opina que la única opción será renegociar con los bancos. Remarca que no es función del BCR comprar deudas de terceros.
Mientras que el economista Patricio Quintanilla sostiene que era necesario establecer topes para beneficiar a sectores vulnerables, aunque acepta que el límite en préstamos personales y de consumo pudo ser mayor.
Sectores críticos a la ley estatal, cuestionan que no sea obligatoria para los bancos. Para Quintanilla, la mayoría de entidades financieras se acogerá, pues el Estado garantizará el dinero de los préstamos, aunque baje el interés. Caso contrario, se quedarán con una mala deuda por cobrar. La ley también establece la opción de congelamiento por tres meses, donde no corren intereses ni penalidades. Quintanilla duda que los bancos opten por esta modalidad.
El presidente de directorio de Caja Arequipa, José Málaga, señaló que estudian acogerse a la propuesta estatal de reprogramación. Informó que previamente, ellos ya habían conversado con la mayoría de sus clientes para renegociar los pagos.
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Los representantes de ADEF, han indicado que seguirán sin pagar, pero todavía no se refleja en un incremento marcado de morosidad a nivel nacional. Una reciente publicación de Equifax y la Universidad del Pacífico, indica que hasta julio el aumento es mínimo respecto al 2019. En Arequipa y Puno, es de 2% y 3% respectivamente, Patricio Quintanilla opina que diferentes programas como Reactiva Perú o FAE Mype, atenuaron la situación.
Pero el escenario no es concluyente. José Málaga de Caja Arequipa, sostiene que es complicado determinar cuánto subirá la morosidad hasta fin de año. “No sabemos cuál será el impacto de esta pandemia”, declaró.