Arequipa perdió más de S/ 966 millones debido a la corrupción durante el 2019
Alarmante cifra. Estudio elaborado por la Contraloría señala que Arequipa es la cuarta circunscripción que registra mayores pérdidas por corrupción e inconducta funcional.
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La Contraloría General de la República estima que la región Arequipa habría perdido S/ 966.911.061 en el año 2019 debido a la corrupción y la inconducta funcional, según su estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria”.
De acuerdo a la investigación de la entidad, en base al presupuesto institucional ejecutado real, la región registra un nivel de corrupción del 18,2%.
El estudio señala que Arequipa es la cuarta circunscripción que tiene mayores pérdidas por corrupción e inconducta funcional, después de Lima, Callao y Piura. Las regiones que le siguen son Áncash, Cusco y Junín.
La estimación se realizó sobre la base de la extrapolación del perjuicio económico producido al Estado (sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otros similares) respecto del monto examinado de las intervenciones de control posterior efectuadas por la Contraloría entre 2017-2018, sobre la ejecución presupuestal de esos mismos años.
Para un comunicado oficial, el gerente regional de control de Arequipa, Valery Fabio Niño de Guzmán, indicó que con estos recursos se pudo construir 346 establecimientos de salud o haber escolarizado a 90.000 nuevos alumnos de educación primaria o 79.000 estudiantes de secundaria rural, o financiado la construcción de 1.500 kilómetros de carreteras, entre otras obras.
Pérdida nacional
El estudio publicado por la Contraloría General revela que el Perú habría perdido por corrupción e inconducta funcional más de 23.000 millones de soles en el año 2019, lo cual representa cerca del 15% del presupuesto público ejecutado y alrededor del 3% del PBI nacional.
A nivel de gobierno nacional los sectores más golpeados son transportes y comunicaciones, educación y salud.
El estudio de la Contraloría advierte que la corrupción y la inconducta funcional tienen efectos devastadores en el desarrollo económico y social del país, porque distorsiona la asignación de los recursos públicos y compromete la eficacia del gasto público que debiera estar orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente en situación de pobreza y pobreza extrema.
Informes
Niño de Guzmán refirió que, durante el 2020, emitieron más de 700 informes de control simultáneo que tienen por objeto prevenir situaciones adversas que podrían convertirse en caldo de cultivo de corrupción en distintas escalas. A partir de septiembre, pusieron énfasis en el control posterior para identificar la presunta comisión de ilícitos penales y a los responsables.