Lambayeque: dictan 12 meses de prisión preventiva en caso de compras sobrevaloradas

Coronavirus en Perú. El Poder Judicial de Lambayeque dictó un año de prisión preventiva contra dos policías y una proveedora por haber comprado equipos de bioseguridad y artículos de desinfección a precios sobrevalorados.

Medida

El juez Reynaldo Leonardo Carillo del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo aceptó, en parte, el pedido de prisión preventiva sustentado por el fiscal José Guevara Gilarmas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

El fiscal había solicitado 12 meses de prisión preventiva para cuatro inculpados: comandante PNP Marcel Carbajal Tarazona, los suboficiales Jean Oswer Yampufé Sánchez y César Augusto Acosta Cajusol y la proveedora y gerente de Inversiones Cear S.A.C, Giovana Genoveva Luna Rojas.

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Sobre el particular, el magistrado dispuso comparecencia con restricciones contra César Agusto Cajusol, quien también deberá pagar una reparación civil de 15.000 soles. Mientras que, para los policías Marcel Carbajal y Jean Yampufé Sánchez y la proveedora Giovana Luna se dispuso prisión preventiva.

Corrupción de funcionarios

Los policías fueron denunciados por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión agravada en contra del Estado.

Por este mismo caso, la Fiscalía solicitó la detención domiciliaria contra los imputados Eduardo Nicanor Fuentes Carmona y Reinulfo Hoyos Gil. Además, pidió comparecencia con restricciones contra Janet Verónica Baldeón Limaylla, Luis Adolfo Guevara Torres, Denissis Paola Mccoy Milanés, Ramón Augusto Andonaire Martínez, Melissa Belé Puente Oliver, Fiorella Fernanda Portilla Vidal y Claudia Sofía Hernández Cornejo.

El Ministerio Público acusó a las 11 personas de haber incurrido en graves irregularidades en 19 procesos de adquisición de material de protección y limpieza, como mascarillas, guantes, alcohol en gel, jabón líquido, lejía, entre otros. Estos insumos, a su ves, fueron valorizados por un total de S/ 1 258 431.

Cabe indicar que las proveedoras son investigadas en calidad de cómplices del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.