Niños con discapacidad, tantas veces negados para estudiar en un colegio regular

–¿Te gusta pintar?

–Sí, responde Bayron con una voz imperceptible. Luego aprieta un botón de su silla de ruedas eléctrica, que hace poco le fue donada, gira a la derecha y vuelve a mirar sus juguetes.

“Es tímido”, dice Julia Ara, su madre, mientras muestra orgullosa el dibujo que su pequeño ha realizado en un curso ofrecido por la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (Omaped) del municipio de Carabayllo. Durante los dos últimos años, Julia ha llevado a Bayron a estudiar actividades extracurriculares para que desarrolle diversas capacidades, pues la educación en un colegio regular le ha sido negada.

“Es una obligación del Estado peruano garantizar la educación de niños y niñas con discapacidad, que tengan logros de aprendizaje. Sin embargo, ¿cuánto del presupuesto del sector Educación se otorga a esta población vulnerable? Menos del 1%”, señala Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Si bien el presupuesto para el Programa Presupuestal 106 (destinado a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica, técnico y productiva) ha aumentado en los últimos años, aún representa solo el 0,67% del total nacional.

Es tal vez la falta de presupuesto la principal muestra de indiferencia hacia las personas con discapacidad en el Perú; sin embargo, en el día a día, Julia no conoce de estas cifras y lo que hoy le importa es conseguir una vacante para su niño.

Pero, según las más de 10 autoridades de los colegios que ha recorrido Julia, ni su infraestructura ni su personal docente están preparados para un niño con discapacidad. “Primero pregunté por Facebook, pero cuando les decía si había vacantes inclusivas, me decían que no. Algunos me dijeron que debía contratar una auxiliar particular para que lo atienda”, cuenta.

Hasta el 2017, Bayron estudiaba en un colegio regular, pero comenzó a perder fuerza en sus piernas, las caídas eran cada vez más continuas. “Eso le trajo problemas en el colegio, los niños se burlaban y los profesores no le tomaban atención”, recuerda.

Tras pasar por falsos diagnósticos, en el 2018 Bayron fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne. Tuvo que pasar casi un año para que la madre y su pequeño comprendan la enfermedad e intenten aceptar que deberán convivir con ella.

A inicios del 2019, Julia no tenía más dudas: su hijo tenía que volver a estudiar, pero no en un colegio de educación especial, sino uno regular, pues, como ella dice, es un niño normal.

Un día, su hija mayor le contó sobre un colegio estatal que tenía ascensor e infraestructura adecuada para niños con discapacidad. Entonces preguntó por Facebook y aceptaron darle una vacante, pero cuando acudió personalmente, le dijeron que ya habían sido ocupadas por niños regulares. No se rindió y tiempo después acudió con personal de la Omaped de Carabayllo, pero esta vez le dijeron que “el ascensor estaba malogrado”.

Julia no ha descansado en su lucha y hace unos días acudió al Ministerio de Educación (Minedu), donde le dijeron que no pueden negarle la vacante y que vaya nuevamente al colegio. “Tenemos una norma que indica la reserva de dos vacantes por aula, pero esa norma no es respetada o es entendida a la inversa, no dice como máximo, sino como mínimo”, confirma Ana Cavero, directora de Educación Básica Especial del Minedu.

Una gigantografía en la que Bayron aparece junto a su superhéroe favorito, Spiderman, se luce en el cuarto del pequeño. “Se lo regalé por su cumpleaños, porque se lo prometí”. Hoy, la mujer le ha dicho que este año él volverá a estudiar.

Rechazo en colegios

“Si quiere lo aceptamos, pero no nos hacemos responsables si le hacen bullying”. Antonio Moretti aún recuerda esas palabras con gran indignación. Y, mientras abraza a su pequeño Giacomo, no se explica cómo un director de un colegio de Piura pronunció esta frase cuando lo único que buscaba era que su niño con síndrome de down pueda acceder a una educación regular.

Hoy, Giacomo, con una amplia sonrisa, dice ser un niño feliz y asegura que le gusta su colegio. Pero hace seis años, sus padres, aún con los recursos económicos para poder pagar un colegio particular, fueron rechazados por 26 planteles, muchos de ellos reconocidos como los más prestigiosos de Lima. “Mi esposa me llamaba llorando”, cuenta Antonio. Y es que Brenda Rucoba tuvo que soportar frases tan simples como hirientes: “No”, “no somos un colegio inclusivo”, “los profesores no están preparados”. “La impotencia de que te rechacen sin que te conozcan, sin que te den oportunidad, simplemente es un bloqueo total”, dice.

Algunos les dijeron que debería pagar por un servicio de acompañamiento, “una persona que está lado del niño”, lo que, según la representante del Minedu, no es un requisito.

Mucho tiempo después, Brenda encontró un colegio que reconoció el derecho de su niño. Este año, Giacomo pasará a quinto de primaria. “La mensualidad es más que una pensión universitaria. Me imagino lo que deben pasar quienes no tienen recursos”, piensa.

Aumento es insuficiente

Para el 2020, el presupuesto para el Programa Presupuesto 106 es de S/ 215 millones 988 mil 469, lo que significa un aumento de más de S/ 18 millones con respecto al 2019; sin embargo, la cifra que representa en el sector Educación sigue siendo menor al 1%. Con este aumento, el Minedu ha priorizado la contratación de personal capacitado (intérpretes de lengua de señas, terapistas del lenguaje, entre otros especialistas) y la mejora en la infraestructura.

Según Ana Cavero, del Minedu, se han triplicado las plazas para el 2020. Ahora habrá 601. Además, “a diferencia de otros años, se han incorporado plazas CAS para inclusión, que suman 295 de las 611, representando un 48% de las plazas totales en esta modalidad de contratación”. Esto se seguirá ejecutando de forma progresiva. Dice que “no basta con que esté matriculado, sino que requiere ser atendido”.

En lo que respecta a la infraestructura, el presupuesto para ello aumentó en 1.3 millones con respecto al 2019, sobre todo para el acondicionamiento y materiales. Teniendo en cuenta que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 5% de colegios supervisados indicó contar con materiales necesarios para atender a una persona con discapacidad.

“Para implementar medidas más radicales, se va a requerir más diálogo y, por supuesto, presupuesto. Es importante que no nos divorciemos de la población. Vamos a revisar nuestras normas para que sean muchas más adaptadas. Estamos avazando”, dijo la representante del Minedu.

Julia, aún en busca de una vacante, y Brenda, quien no se rindió ante los rechazos, anhelan ver pronto esos avances.