Roberth Orihuela Q.
El presidente Martín Vizcarra mostró indignación por la muerte de dos jóvenes en McDonald’s. Sin embargo, ¿qué hace el Estado para defender a los trabajadores de los abusos de algunos empleadores?
La situación laboral de los colaboradores de las grandes cadenas es delicada. Ellos laboran bajo el sistema part-time, que ni siquiera tiene opción de queja ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (ver nota pág. 19)
En los otros regímenes laborales donde se cumple las 8 horas de trabajo, el trabajador está a la intemperie. Es cierto, se les reconoce varios derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, etc) pero, ¿qué pasa cuando las empresas incumplen? La falta de control es tierra fértil para el abuso.
La Sunafil está a cargo de la fiscalización laboral pero carece de inspectores. El analista Humberto Campodónico advirtió que hay 0.2 inspectores por cada 10 mil trabajadores. Estamos en el sótano en comparación a otros países.
En 2019, su presupuesto fue de S/ 175 millones pero necesitan el doble. Tienen alrededor 650 inspectores pero requieren más de 2 100 para realizar su trabajo en forma mediana. Tampoco hay filiales de Sunafil en todas las regiones. En el sur no hay en Tacna y Apurímac.
En Arequipa, la segunda ciudad del país, hay apenas 20 inspectores. Se requiere el doble para un trabajo aceptable. El intendente regional, Edward Venero, admite que cada inspector no puede hacer más de 8 casos a la semana debido a la complejidad.
En 2018 hubo menos inspectores y eso provocó una sobrecarga y una lista de espera de hasta 3 meses para una inspección. Pero Venero asegura que este año ya están al día y para fin de año se espera terminar con la mayoría de los casos. “Ya no vamos a tener en fila de espera y esperamos finalizar el 2020 con 35 inspectores”, agrega.
En Cusco el panorama es igual de desalentador. Apenas cuentan con 13 inspectores para 10 755 empresas privadas. Durante el 2018 realizaron 1 480 actuaciones de fiscalización, 1 019 acciones de orientación y asesoramiento técnico y se logró incorporar a la planilla a 1 553 trabajadores. En tanto, este año las acciones de fiscalización superaron las 1 700.
La falta de personal es también limitante. Además, otro inconveniente es la difícil geografía de la región, que dificulta llegar con rapidez a zonas como al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Se anuncia dos inspectores más.
En Moquegua la situación es igual de crítica. Allí hay apenas 3 inspectores titulares y 3 auxiliares. Aún así, la intendenta Gloria Valdivia indica que han resuelto el 99% de las 496 denuncias por incumplimiento de beneficios laborales que llegaron. Aún hay empresas que no cumplen con pagar horas extras y se retrasan en depositar beneficios como gratificaciones y otros. El papel del Estado en ese sentido debe replantearse y asumir una defensa decidida del trabajador. Hay que reforzar Sunafil.
Esperó 8 meses para que Sunafil resuelva denuncia
En Arequipa, Guillermo Reinoso trabajó de manera informal durante 4 años en una cevichería. La empresa, dice, tenía dos planillas: una formal y la otra bajo la mesa, en donde figuraba Reinoso. En esta última a los trabajadores no les reconocían ningún derecho laboral.
Reinoso hizo la denuncia a Sunafil. Esta entidad se demoró ocho meses para atender su caso. Puso su denuncia en abril. Recién en noviembre le asignaron un inspector. Este inició un proceso y llamó a ambas partes.
Luego de presentar su caso y las pruebas respectivas, el inspector sacó un informe señalando que no se podía demostrar su vínculo, algo que para el denunciante se convirtió en una verdadera burla.