Aún hay trabas en entrega de la píldora del día siguiente

Por: Jésica León

Pese a que en julio pasado el Poder Judicial falló a favor de que el Ministerio de Salud (Minsa) distribuya gratuitamente el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), el Estado aún no puede garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan acceder a este recurso para evitar un embarazo forzado.

El problema radica en una falta de coordinación entre el Minsa y el Ministerio Público.

Y es que si bien ante un caso de violación los establecimientos de salud públicos son los que cuentan y distribuyen el kit de emergencia (pastilla del día siguiente y antirretrovirales), el artículo 59.1 del Decreto Supremo N°009-2016-MIMP también dispone que el Instituto de Medicina Legal (IML), a través de sus médicos, sea el que entregue estos insumos a las víctimas e informe sobre el derecho a recibir el tratamiento para evitar infecciones de transmisión sexual.

Sin embargo, el Ministerio Público aún no da cumplimiento a este artículo, pues considera que no es de su competencia y no se cuenta con la base legal. Dice además que “no es un mandato expresamente” y que esta labor le corresponde al Minsa.

Ante esta postura del Ministerio Público, la abogada Violeta Gómez Hinostroza interpuso una demanda de acción de cumplimiento, a fin de que el IML cumpla con disponer y entregar el AOE a las víctimas. Así, en diciembre del 2018, el 10° Juzgado Constitucional admitió a trámite esta demanda para que las mujeres que acuden a las divisiones médico-legistas puedan realizarse los exámenes, cuando estén dentro de las 72 horas de ocurrida la violación.

El juzgado también aprobó que el Ministerio de Salud dé su posición durante el proceso.

Minsa responde

En referencia a este tema, el Minsa remarcó que, en primer lugar, distribuye el kit de emergencia a la red de 8 mil establecimientos de salud del país para casos de violencia sexual.

Además dijo que brinda apoyo a otras instituciones del sector público, como Essalud, las Fuerzas Armadas y PNP, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Víctor Zamora, asesor del Minsa y especialista en Políticas de Sistema en Servicios de Salud, refirió que cualquier institución del sector público –incluyendo el Ministerio Público– que desee abastecerse de estos insumos para tratar de reducir el impacto de la violencia puede optar por mecanismos como la firma de una solicitud de institución a institución, un acuerdo de partes, un convenio o un protocolo de acción conjunta.

Zamora Mesía explicó que los protocolos de acción conjunta permiten que el personal del Minsa y la otra institución pública actúen de manera igualitaria independientemente del lugar donde la víctima acuda para requerir atención. Por ejemplo, mencionó que el Minsa y el Ministerio de la Mujer han firmado un protocolo de acción conjunta para que las mujeres reciban orientación, apoyo en salud mental, anticonceptivo oral y el kit de emergencia. “Ahora estamos en proceso de implementación del protocolo en todo el país. Esto lo hemos desarrollado con el MIMP para responder la violencia de género”, precisó.

Señaló que si el Centro de Emergencia Mujer (CEM) no tiene los insumos está obligado a orientar a la víctima a un establecimiento de salud. “Se trata de que todo el Estado actúe bajo un mismo enfoque para que la mujer no tenga que ser ‘peloteada’, desorientada y se logre evitar un embarazo, el VIH o hasta el suicidio”, indicó Zamora.

Valeria Cárdenas, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, afirmó que más allá de que el Ministerio Público considere que no es una obligación expresa o literal de entregar la AOE, debe haber algún tipo de coordinación con el Minsa, pues recordó que es el Estado el que tiene la obligación de proteger a las víctimas de violación sexual.

“Nuestra recomendación no va por modificar la norma sino creemos que debería haber alguna coordinación entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal para que la víctima no pierda tiempo. Tenemos que ir más allá porque la finalidad de la norma es atender al ciudadano. El compromiso con la víctima de violencia es prioritaria para que no tenga que ser revictimizada”, aseveró.

Cárdenas remarcó que el circuito donde va a denunciar la víctima pasa primero por medicina legal. Por eso su labor es clave para evitar un embarazo en las primeras 72 horas ocurrida la violación.

Claves

- Este año, la Defensoría del Pueblo tiene la directiva de supervisar si los hospitales cuentan con al menos un kit de emergencia para la atención a las víctimas de violencia sexual, pues esta es una de las acciones urgentes del Estado.

- Según el Ministerio de la Mujer, en el 2018 se registraron 12.839 casos de violación sexual. Además, el 67% de las víctimas tenían entre 0 y 17 años. Lima, Junín y Cusco fueron las regiones con mayor incidencia.