Sin justificación. Según la unidad ejecutora del megaproyecto, trabajos fueron paralizados el pasado 8 de agosto.,Una vez más el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) se encuentra a la deriva por la anulación del contrato con el Consorcio Obrainsa Astaldi (COA). En ese sentido, el Consejo Regional conformó una comisión investigadora para indagar sobre las presuntas irregularidades presentadas en el abandono del primer componente del Peihap (túnel de trasvase y presa Tronera Sur), por parte de la contratista. PUEDES VER Resuelven contrato con Consorcio Obrainsa Astaldi Este grupo de trabajo, integrado por los consejeros Óscar Echegaray, Hermer Alzamora y Eligio Sarango, tendrá un plazo de 30 días para emitir un informe al pleno del Consejo. El consejero Hermer Alzamora Román, autor de la iniciativa, sostuvo que ante el abandono de las labores en el túnel de trasvase en agosto pasado, y luego de dos meses transcurridos, el consorcio interpuso una medida cautelar para que el Peihap no disponga del dinero de la carta fianza. Inclusive refirió que recientemente se abrió una cuenta para que la contratista deposite alrededor de 54 millones de soles; sin embargo, no cumplió porque carecía del dinero para realizar esa transacción. La Gerencia General del Proyecto Alto Piura ha señalado que se ha cumplido con el contrato para la ejecución de los trabajos, ya que entregó el adelanto de 70 millones de soles al COA, así como también canceló de manera puntual la valorización de obra. Sin embargo, el consorcio no contó con el financiamiento necesario para asumir los pagos de insumos, materiales y mano de obra que conllevaron a la paralización del megaproyecto. De acuerdo al informe de la Unidad Ejecutora, la empresa adeuda a los proveedores más de S/20 millones desde el año pasado. Esta situación generó que no abastecieran a la obra o brindaran sus servicios por incumplimiento de pago. Antecedente Hermer Alzamora recordó que cuando asume la actual gestión regional ya había un abandono de la obra, se había resuelto el contrato con la empresa Camargo Correa y se contaba con un arbitraje que se perdió, con un perjuicio económico de S/69 millones. En ese sentido, manifestó que ante una situación similar que se presenta hoy en día es necesaria la conformación de una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de la paralización del proyecto. Por su parte el consejero delegado del Consejo Regional, Óscar Echegaray Albán, aseveró que la comisión investigadora no determinaría casi nada. “Sin embargo, podríamos hacer una indagación, recopilar la información del caso, y que este se derive a la Fiscalía Lava Jato, al fiscal de la Nación y al Congreso”, argumentó.
