Caso Sarratea: Alejandro Sánchez podría escapar de la justicia peruana

La patrulla fronteriza de Texas (EE. UU.) capturó a Alejandro Segundo Sánchez Sánchez, empresario vinculado por su cercanía al expresidente Pedro Castillo y dueño de la vivienda desde donde presuntamente este despachaba, conocida como la casa de Sarratea.

Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso en noviembre de 2022 prisión preventiva en su contra. No obstante, Alejandro Sánchez Sánchez se encontraba prófugo de la justicia peruana, por lo que nunca cumplió con dicha medida.

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Su captura fue realizada cuando el empresario, cercano a Pedro Castillo, intentaba cruzar la frontera hacia los Estados Unidos desde México, de manera ilegal, en la localidad de Eagle Pass. Se encuentra recluido en el Centro de Detención del Río, ubicado también en Texas.

Posible riesgo de fuga

Según fuentes ligadas al derecho penal, existen dos posibilidades de expulsión de Sánchez Sánchez por parte de la justicia estadounidense.

La primera sería a través de gestiones que realizaría el consulado peruano en Houston.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores viene realizando gestiones con las autoridades norteamericanas pertinentes a fin de poder lograr su pronta expulsión a nuestro país, para afrontar a la justicia peruana”, pronunció la Cancillería a través de su cuenta en la red social X.

Este tipo de trámites, de admitirse, no deberían durar más de siete días. No obstante, la decisión depende de protocolos que determinarán las cortes estadounidenses.

De hecho, la segunda posibilidad se daría siguiendo los protocolos referidos a inmigrantes ilegales. Según el Gobierno norteamericano, la expulsión consistiría en retirarlo de dicho territorio nacional al país por donde ingresó, es decir, México.

El problema radica en que en dicho país no existe ninguna orden de detención internacional, lo cual supone entonces un inminente peligro de fuga.

Hasta el momento, no existe ninguna orden internacional de detención ni se conoce de coordinaciones entre las Cancillerías de Perú y México.

Según declaraciones de Mariano González, exministro del Interior del Gobierno de Castillo, en la emisora RPP, la Interpol no habría emitido ninguna alerta internacional contra Sánchez Sánchez debido a la naturaleza del caso.

Según el exministro González, habría complicaciones para dicha emisión al considerarse el caso que involucra a Sánchez Sánchez de índole político.

El dato

Daño patrimonial. La Procuraduría Anticorrupción ha pedido a Sánchez Sánchez el pago de 144 millones de soles. El dueño de la casa de Sarratea decidió previamente no ser colaborador eficaz.