Andahuaylas: Fiscalía investiga a 2 jefes policiales por 6 muertos en protestas

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Apurímac, a cargo del fiscal Iván Soto Pareja, formalizó investigación contra el jefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Flores Solís; y el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz. La autoridad fiscal señala a ambos oficiales como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, por el presunto asesinato de 6 personas en las protestas del 10 y 11 de diciembre.

El general Luis Flores Solís es un exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN), que logró la captura del líder terrorista Abimael Guzmán en 1992, y también ha sido director general de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), hasta marzo del año pasado.

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Mientras que el coronel Alexis Luján actualmente se encuentra en el curso del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP), al concluir sus funciones como jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, el 31 de diciembre de 2022.

La tesis fiscal apunta a que ambos jefes policiales serían los autores mediatos de la muerte de Cristian Rojas Vasquez (19), Wilfredo Lizarme Barboza (18), Jhon Enciso Arias (18), Beckham Quispe Garfias (18), y los menores D.A.Q. (16), R. M.LL. (16), como consecuencia de haber dado la orden para reprimir las protestas en la ciudad de Andahuaylas.

El fiscal Iván Soto también incluyó en la pesquisa a los efectivos policiales de la Comisaría de Andahuaylas: Nobel Inca Andía, Saúl Velásquez Flores, Jhon Valdez Rodríguez, Julio Yaco Colos y los que resulten responsables, como coautores mediatos de las muertes de los 6 manifestantes.

La investigación contra los jefes policiales y sus subalternos también se extiende por el presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de genocidio, como grave violación de derechos humanos, en la modalidad de tortura, contra más de 10 manifestantes durante el enfrentamiento, la intervención y su posterior detención.

La fiscalía sustenta sus incriminaciones con las publicaciones de vídeos en redes sociales, audios, recortes periodísticos, muestras fotográficas, reportes de pacientes atendidos en los hospitales, actas de levantamiento de cadáver, informes periciales de balística forense, certificados de defunción, entre otros elementos.

Justamente, hace unos días, se hicieron públicas 4 de las 6 actas de necropsias de los fallecidos, las que confirmaron que la causa de las muertes fueron proyectiles de arma de fuego (PAF).

La denuncia fue presentada por los abogados José Antonio Capa, Juan Huaraca, Marcial Maucaylle, en conjunto con los familiares de las víctimas.

Víctimas se reúnen con la CIDH

Los familiares de los fallecidos y heridos en las protestas se entrevistaron con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Debido a problemas de traslado, las reuniones se tuvieron que realizar de manera virtual. Pese a la dificultad, los delegados de la CIDH pudieron escuchar las demandas de los familiares.

Las familias exigieron a la comisión justicia y una investigación a fondo para que se determinen las responsabilidades y la cadena de mando en la represión del 10 y 11 de diciembre.