Los 3 últimos procuradores del Gobierno: ¿quiénes son y por qué fueron cuestionados?
Desde irregularidades en su elección hasta un investigado por ayudar a un narcotraficante son las características que rodean a los encargados de la defensa jurídica del Estado.
El último jueves, se nombró a Javier Wilfredo León Mancisidor como procurador general del Estado mediante la resolución suprema n.º 189-2022-JUS. Esta cuenta con las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Justicia, Félix Chero.
Su reciente designación ha generado reacciones adversas, ya que es investigado por fraude, así como por su vínculo con el narcotraficante Fernando Zeballos Gonzales, más conocido como ´Lunarejo´.
Sin embargo, sus antecesores en el cargo —Daniel Soria y María Caruajulca— fueron cuestionados por la propia Contraloría al no cumplir con el perfil para la titularidad de la Procuradora General del Estado (PGE).
Daniel Soria
En febrero de 2020, Daniel Soria fue nombrado —por Martín Vizcarra y su entonces ministra Ana Revilla— como procurador general del Estado. Sobre su designación, se criticó la falta de transparencia: no hubo concurso público ni se conoció cómo fue evaluado para ocupar dicho cargo. Por lo tanto, no se contaba con un informe que sustentara la legalidad de su nombramiento.
Dos años después, un informe de la Contraloría General de la República advirtió sobre los indicios de irregularidad respecto a la elección de Daniel Soria. El documento preparado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sustentó que no cumplía con los requisitos necesarios para asumir el puesto.
El exprocurador incluyó como experiencia profesional el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo, pero no era compatible con el trabajo propio de la defensa jurídica del Estado.
“La designación del procurador general del Estado se realizó sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo, habiéndose emitido la resolución suprema de dicha designación sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de su titular”, se puede leer en el oficio.
A comienzos de febrero de 2022, se dio por concluida la designación de Daniel Soria mediante la resolución suprema n.º 024-2022-JUS, que lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo, y el entonces ministro de Justicia Aníbal Torres.
Informe de la Contraloría sobre designación de Daniel Soria. Foto: documento
Su destitución se dio luego de que Soria Luján denunciara al jefe de Estado —en diciembre de 2021— ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
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María Caruajulca
El 25 de febrero de este año, María Caruajulca Quispe entró en reemplazo de Daniel Soria. Ella fue nombrada por el presidente Castillo y su exministro de Justicia Ángel Yldefonso. Sin embargo, un nuevo informe de la Contraloría advirtió una “situación adversa” en el proceso de su elección.
De acuerdo al informe, ni el Ministerio de Justicia ni la Procuraduría cumplieron con requerir a Caruajulca Quispe la declaración jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.
Además de la omisión, el oficio detalla que Caruajulca se “encontraba comprendida en hechos denunciados” sobre una presunta “inacción en la defensa jurídica” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial”, cuando se desempeñaba como procuradora pública de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
Según la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional, la entonces procuradora no ratificó una denuncia ante la comisaría y no inició acciones legales contra una funcionaria por presunta falsificación de documentos.
“La situación adversa (...) hace posible que la labor de evaluación de esos hechos sea afectada en su imparcialidad al tratarse de asuntos acaecidos en la época en que la actual procuradora general del Estado se desempeñaba como procuradora pública de la Municipalidad distrital de SJL, ocasionando a su vez el riesgo de afectar el principio de justicia y equidad; así como de mantenerse relaciones laborales en conflicto con el cumplimiento de funciones a cargo de la PGE y de su titular”, sostiene el documento.
El último 6 de octubre, el Gobierno retiró del cargo a María Caruajulca Quispe tras cuestionamientos de la Contraloría. Su destitución fue publicada en el boletín de normas legales de El Peruano.
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Javier León
El último jueves, el Gobierno de Pedro Castillo designó a Javier Wilfredo León Mancisidor como el nuevo procurador general del Estado, lo cual quedó oficializado por la resolución suprema n.º 189-2022-JUS.
Javier Wilfredo León Mancisidor es el nuevo procurador general. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República
No obstante, su elección ha generado controversia por su relación con el narcotraficante Fernando Zeballos ´Lunarejo´. León viene siendo investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal.
La investigación que se abrió en el 2012 lo sindica como el presunto autor de un fraude que le permitió al narcotraficante evitar el desalojo de su familia de la residencia ubicada en Las Casuarinas (valorizada en más de un millón de dólares).
Además, León Mancisidor fue separado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), desde el 23 de septiembre de 2017 hasta la misma fecha de 2021, por su vínculo con ´Lunarejo´.
La resolución emitida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 2017, por el Tribunal de Honor del CAL, resolvió revocar la resolución que buscaba declarar infundada la caducidad de la acción de la denuncia.
Finalmente, la denuncia contra el nuevo procurador fue admitida, por lo que se procedió con la sanción disciplinaria y, en consecuencia, su separación y expulsión.
