Congreso busca aprobar ley para someter al sistema electoral
Contrarreforma. La Comisión de Constitución vota este martes el predictamen de la fujimorista Martha Moyano que modifica el artículo 99 de la Constitución para que los titulares del JNE, ONPE y Reniec sean pasibles de acusaciones constitucionales.
La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la congresista Fuerza Popular (FP) Martha Moyano, votará este martes el predictamen que propone la reforma del artículo 99 de la Carta Magna para incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como pasibles de denuncias constitucionales.
El documento elaborado por la fujimorista Martha Moyano plantea que esté permitido someter a estos funcionarios a procesos de antejuicio y juicio político.
La Constitución no contempla en la actualidad, en su artículo 99, que los representantes de los organismos electorales puedan ser blanco de denuncias constitucionales. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de febrero del año pasado exhortó al Congreso a aprobar una reforma constitucional que sí lo permita.
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Ese mismo año las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular presentaron ante la Comisión de Constitución seis proyectos de ley para modificar el artículo 99 de la Carta Magna en ese sentido.
La congresista Moyano tomó en cuenta todas esas iniciativas para elaborar el predictamen. Aunque en el documento reconoce como una desventaja el riesgo de que las autoridades electorales puedan ser destituidas o inhabilitadas, sigue adelante con su propuesta.
De llegar al Pleno y aprobarse ahí en dos legislaturas con 87 votos, los titulares del JNE, ONPE y Reniec podrán ser sometidas a antejuicio político, un proceso de denuncia constitucional realizado en el Congreso para decidir sobre qué presuntos delitos pueden ser acusados.
Y también podrán ser víctimas de un juicio político, un proceso en el que un alto funcionario es sindicado de haber cometido infracciones a la Constitución. La máxima sanción que da el Congreso contempla en ese caso es la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.
Esta reforma constitucional deja el camino libre a acusaciones pendientes de resolverse.
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Juicio político contra el presidente del JNE
En este Congreso dos parlamentarios de Avanza País, Rosselli Amuruz y Alejandro Cavero, presentaron denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Amuruz y Cavero demandan que el magistrado sea inhabilitado de la función pública.
Estas denuncias aún no son aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y con el predictamen de Moyano no habrá ningún impedimento.
El mandato de Salas Arenas como presidente del JNE termina en noviembre. Hasta ese mes, el Congreso tiene tiempo para dar luz verde a la iniciativa de la Comisión de Constitución..
La ONPE y Reniec también en la mira
Esta iniciativa de ley sale a flote en un contexto en que los jefes de la ONPE, Pierto Corvetto, y del Reniec, Carmen Velarde, han manifestado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) su voluntad de permanencer en el cargo.
La Junta Nacional de Justicia es la institución encargada de nombrar al jefe de la ONPE y del RENIEC. Los mandatos de Corvetto y Velarde vencen en setiembre. Con la ley de la comisión de Moyano, quedan expuestos a que alguna denuncia constitucional termine por inhabilitarlos de la función pública.
La República ha advertido que este 2024 es un año clave para el sistema juidicial y electoral. Primero, por los intentos del Congreso de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, segundo, por el afán del fujimorismo y sus bancadas aliadas de someter a las autoridades electorales a un proceso de juicio político para inhabilitarlos.
La coalición que domina el Congreso tiene los votos para conseguirlo y aprobar dicho predictamen en la Comisión de Constitución es el primer paso.
