Congreso tramita demanda competencial, pero avanza con elección del defensor del Pueblo

El Congreso presentó el lunes de esta semana una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es lograr un pronunciamiento contra la opción de que un juez constitucional pueda abocarse a procedimientos parlamentarios, como la elección del defensor del Pueblo.

Esta demanda surge a partir de la medida cautelar que otorgó el juez John Paredes Salas, titular del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, a través de la cual ordenó al Parlamento suspender el proceso de elección para la Defensoría del Pueblo, hasta que se resuelva una acción de amparo que presentó el sindicato defensorial.

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La intervención del juez generó el malestar de un importante sector del Congreso, pues estaba interrumpiendo la elección exprés del defensor, sin cumplir con criterios mínimos de meritocracia o transparencia, e incluso al margen de la Ley Orgánica de la Defensoría.

Y es que en una primera etapa, la comisión especial de selección del defensor estuvo presidida por María Alva, quien era la décima integrante del grupo, a pesar de que la ley establece solo nueve miembros.

Asumiendo el grave error, el Congreso desactivó esta comisión y conformó una nueva, pero el juez constitucional también dispuso suspender el segundo proceso de elección.

En una reciente audiencia judicial, el Sindicato de la Defensoría hizo énfasis en que el primer y el segundo proceso de elección del defensor no contaron con un reglamento, tal como exige el artículo 93 del Reglamento del Congreso.

Ahora el Congreso optó por acudir al nuevo TC que ellos mismos eligieron y piden “que se declare que el Poder Judicial carece de competencia para intervenir a través de procesos ordinarios o constitucionales”, respecto de aspectos como la elección del defensor.

Incoherencia

Al respecto, la vocera del sindicato defensorial, Lily Ku, consideró que hay una contradicción en el accionar del Congreso, pues están sometiendo a consulta ante el TC si un juez puede ejercer control de la elección del defensor, pero ya avanzaron con la votación de la primera terna, sin esperar una decisión del citado organismo.

Fuentes del Congreso informaron a esta redacción que el objetivo de un sector de las bancadas parlamentarias es imponer la elección de Víctor García Toma, a pesar de que este ocupó un bajo lugar (quinto) en un proceso de evaluación.