La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió confirmar la resolución que aprobó el requerimiento fiscal de allanar, registrar el domicilio y realizar otras acciones para la búsqueda de pruebas e incautación en el estudio de abogados Echecopar, vinculado al caso Línea Amarilla. En esta investigación, a cargo del Equipo Especial Lavajato, se indaga sobre las presuntas negociaciones que habría realizado la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para la concesión de la obra de Línea Amarilla.
Como se recuerda, Villarán de la Puente es investigada por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo propio. Dicha exautoridad municipal habría favorecido a las empresas O. A. S. Sucursal Perú y LAMSAC con la suscripción de la Adenda n.º 1, en la concesión de la Línea Amarilla.
"Los magistrados resuelven por mayoría declarar infundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del Estudio Echecopar S. R. L., en consecuencia, confirmaron la Resolución n.º 3, de fecha 17 de mayo de 2023, en el extremo que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal", se lee en la resolución.
Asimismo, la mayoría de los miembros del Tribunal rechazaron el recurso de apelación que presentó el Estudio Echecopar. También aceptaron la medida de allanamiento debido a que, según la tesis fiscal, en este staff, se habría llevado a cabo reuniones entre las autoridades y dichas compañías para la concesión de la Línea Amarilla, además no habría brindado las facilidades sobre información al respecto a la Fiscalía.
El pasado 2023, el Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por la exburgomaestre Susana Villarán para revocar la decisión judicial de ordenar ampliar por 36 meses la investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de colusión agravada. La defensa legal de Villarán consideró que el juez cometió una infracción al derecho a determinar un plazo razonable para la indagación de los hechos.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria aceptó el requerimiento del Ministerio Público de ampliar a 36 meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria contra Villarán.
“Los hechos investigados son Adenda n.º 1 al contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla, reajuste de la tarifa de los peajes de las vías administradas por la empresa LAMSAC, y actas de trato directo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa LAMSAC de 2014”, informó la Corte Superior Nacional de Justicia a través de sus redes sociales.