A medio año de muertes en Ayacucho, Fiscalía pide al PJ ordenar que aeropuerto entregue información
Avances del Ministerio Público en la investigación sobre los 10 muertos en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho caminan a paso lento. En tanto, desde el Gobierno se niega convocar a expertos internacionales para esclarecer lo ocurrido.
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, creado por Patricia Benavides a fines de marzo del 2023, solicitó al Poder Judicial que disponga la entrega de información —vía orden judicial— sobre el informe del uso de armas de fuego durante la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional durante la operación en el aeropuerto de Ayacucho, donde perdieron la vida 10 peruanos.
Hasta la fecha, la institución militar ha sido reacia a colaborar con dicha información requerida por los fiscales. En un inicio se pidió dicha documentación, pero la Comandancia General de la Segunda Brigada de Infantería Wari, con sede en Ayacucho, se negó a ayudar a esclarecer lo ocurrido, escudándose en el carácter reservado de lo solicitado.
En esta línea, el Ministerio Público solicita la entrega de copias certificadas o autenticadas del informe sobre el uso de armas de fuego presentadas al término de la ejecución de la orden de acciones militares frente a situaciones de violencia social en apoyo a la PNP durante la intervención en el aeropuerto de Ayacucho.
El requerimiento fiscal fue remitido al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, quien atenderá la solicitud en una audiencia programada para el jueves 22 de junio a las 3.00 p. m., la sesión será virtual y se citaron a ambas partes.
Finalmente, desde la tarde del 15 de diciembre han transcurrido seis meses desde el día en el que fallecieron 10 personas en el aeropuerto de Ayacucho. El Ministerio Público avanza el proceso indagatorio con lentitud. Las fuerzas del orden evitan entregar los planes operativos. Y el Congreso encarpetó el acuerdo de creación de comisión investigadora. Por su parte, Dina Boluarte se niega a convocar a expertos internacionales para ayudar a conocer la verdad.